Javier Flores
Son varias las impresiones que dejó la reunión que sostuvo el 22 de agosto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con un sector de la comunidad científica del país. Fue un acto en el que el presidente electo recibió un documento con el análisis y aspiraciones de los investigadores y dirigentes de universidades públicas, privadas, centros de investigación y organizaciones empresariales, sobre el rumbo que deberían tomar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) durante el gobierno que arrancará el primero de diciembre. Fue una especie de diálogo, aprovechado por el presidente electo para enviar varios mensajes. Uno, que la política pública en estas materias buscará ir de la mano con el sector privado.
La presencia del ingeniero Carlos Slim en dicha sesión fue muy significativa, y en mi opinión tiene mucho sentido luego de que en julio pasado el presidente del Grupo Carso afirmara que en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México se podrían ahorrar entre 800 y mil millones de pesos, si en lugar de importar piezas y componentes estos elementos se crearan en México. La idea fue respaldada por AMLO durante su intervención con otros ejemplos. Con lo anterior quedaría esbozada una de las vías posibles para canalizar recursos del sector privado para CTI, buscando un beneficio mutuo.
Además de Slim, formó parte de la mesa de honor el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Francisco Cervantes Díaz, y en las intervenciones de representantes académicos y empresariales se destacó la importancia de impulsar la vinculación academia-empresa. Incluso AMLO justificó la baja inversión privada en CTI atribuyéndola a la falta de crecimiento económico, y confió en que, con las políticas que emprenderá su gobierno, aumentará paulatinamente la participación empresarial en estas áreas.
Otra de las líneas de la política pública para la ciencia que quedó muy clara –en mi opinión, una de las más importantes– será estimular la participación de las mujeres en estas actividades. Para no dejar duda de ello, en la mesa estuvieron líderes científicas muy destacadas, como las doctoras Elena Álvarez-Buylla Roces –ratificada por AMLO como la próxima directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)–; Teresita Corona Vázquez, vicepresidenta y próxima presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México; Sara Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana, y Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de El Colegio de México.
En una de las intervenciones de síntesis del documento, se propuso reformar la Ley para que el Consejo General de CTI (órgano máximo de decisión en estas áreas) tenga mayor presencia de mujeres en los más altos puestos de decisión. Por su parte, el presidente electo agregó en este tema, lo cual –como en el punto anterior– da solidez a una de las políticas para la ciencia que serán relevantes en su administración, y por las características de este sector, podría generarse un modelo para extenderse a todas las áreas del quehacer nacional.
En el capítulo de los recursos económicos, luego de que AMLO ofreciera en su campaña que se buscaría alcanzar uno por ciento del producto interno bruto, se pasó del optimismo a la duda, pues apareció la frase sobrecogedora que casi siempre indica el sacrificio de la ciencia: Vamos a enfrentar tiempos difíciles. Se va a aumentar, dijo, refiriéndose al presupuesto, pero en el peor de los casos se mantendrá igual en términos reales. La advertencia me parece clara: no crecerán de manera significativa los recursos en lo inmediato, lo que hace más que urgente revisar la actual estructura del gasto para hacerlo más eficiente.
Diversas apartados del documento de consenso titulado: Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en CTI, pueden convertirse en punto de apoyo para el gobierno de AMLO, pues incluye propuestas compatibles con lo que hasta ahora ha expresado el presidente electo. Por ejemplo, la necesidad de fortalecer al Conacyt (dotándolo de mayores recursos y capacidades) contaría desde ahora con el respaldo de las más de 70 instituciones públicas y privadas del país que participaron en la elaboración de la propuesta liderada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue.
Lo mismo puede decirse de otros temas que aunque no han sido planteados por AMLO o sus colaboradores, les permitiría examinar posibles modificaciones a la ley para eliminar los efectos adversos de los cambios sexenales sobre la ciencia, algo que encontraría respaldo no sólo en el documento citado, pues, por primera vez en la historia, dos gobiernos ideológicamente antagónicos coincidirían en la necesidad de dotar al país de una política transexenal en CTI, lo que sería de gran beneficio para el desarrollo científico del país.
