Néstor Martínez Cristo

Desde hace algo más de medio siglo se advierte que Ciudad de México avanza inexorablemente hacia su colapso.

Ya fuera por las históricas políticas centralistas de los sucesivos gobiernos, por la falta de planeación urbana, por la contaminación ambiental, por la escasez de agua o porque se ahoga en su propia basura, entre otros muchos factores, la capital del país parecía aproximarse lenta, pero al parecer de manera irremediable, a su inviabilidad.

Los recientes gobiernos de la ciudad, muy señaladamente el actual, optaron por desarrollar políticas de crecimiento urbano vertical que demostraron ser eficaces en otras metrópolis como Nueva York, Tokio o Londres, pero que aquí han sido implementadas mediante acciones poco transparentes –por no decir de escandalosa corrupción– que no sólo no detuvieron el deterioro de la capital, sino que lo aceleraron y, con ello, empobrecieron aún más la calidad de vida de sus habitantes.

El explosivo y descontrolado surgimiento de enormes edificios de oficinas y departamentos, aunado al boom de plazas comerciales, que se reproducen como hongos por todas las delegaciones, comienzan a generar señales alarmantes de crisis urbana y del agotamiento de servicios públicos.

La próxima jefa de Gobierno lo sabe. Entiende que CDMX no puede seguir creciendo con el desorden de los años recientes y por eso anunció hace unos días el freno inmediato –apenas asuma el cargo para el que fue electa– de los megaproyectos inmobiliarios en zonas de vocación habitacional.

Claudia Sheinbaum anulará los llamados polígonos de actuación, que no son más que un trámite al que recurren las grandes y poderosas desarrolladoras para fusionar predios, modificar el uso de suelo y construir más niveles de los permitidos en la zona, previa autorización –claro– de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), dependiente –claro está– del gobierno de la ciudad.

Estos polígonos de actuación son instrumentos de desarrollo urbano que se utilizan con éxito en diversos países, pero que en CDMX han sido empleados básicamente para evadir la ley y privilegiar el interés privado por encima de cualquier lógica de crecimiento ordenado.

El polígono de actuación es una figura jurídica, un instrumento previsto en la Ley de Desarrollo Urbano que establece que corresponde a la Seduvi recibir la manifestación y autorizarla. Así de arbitrario.

Debido a esto se ha vuelto tan común ver que en colonias donde están reglamentadas las construcciones de dos o tres pisos, de pronto un desarrollador junta tres o cuatro predios, se pone de acuerdo con la Seduvi, y edifica torres de 30 pisos, con el consiguiente impacto ambiental y urbano, la deficiente calidad de los servicios y el encarecimiento del impuesto predial en la zona.

En cuanto al boom de los centros comerciales por toda la ciudad, la situación es igualmente delicada. Aunque el gobierno capitalino dice no tener un censo oficial, se sabe que en CDMX han sido construidas al menos 108 nuevas plazas durante los dos pasados sexenios.

De acuerdo con una investigación del periodista Rafael Cabrera, difundida por el espacio de Aristegui noticias, la proliferación de estos inmuebles no tiene otra justificación que la del mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda.

“Patios, terrazas, oasis, parques y más, cambiaron el rostro de la ciudad –se señala en el reportaje–. Y aunque el conjunto de palabras evoca una serie de espacios luminosos, idílicos y colmados de vegetación, la realidad ha sido distinta: detrás del surgimiento de cada plaza comercial se generan problemas vehiculares, protestas vecinales y desabasto de agua”.

Los grandes desarrolladores de estas plazas se quejan de que la autoridad les cobra cantidades fuertes de dinero para la supuesta realización de obras de mitigación vial, ambientales y de agua. Pero nada ocurre. Una vez que el dinero ingresa a las arcas de la Tesorería del Gobierno de la ciudad, se pierde, pues no es etiquetado para la realización de trabajos específicos.

Hace no mucho, una persona allegada a una de esas grandes desarrolladoras inmobiliarias me aseguraba que sus edificaciones fueron levantadas con todos los permisos y las licencias en regla. Y no lo dudo. Es creíble. La pregunta aquí es qué tan fuerte fue el moche o la mordida para conseguirlos.

Los abusos de los desarrolladores son innegables y para justificarse argumentan que sus espacios comerciales son limpios y seguros, adecuados para la convivencia y los paseos familiares, mientras que en la ciudad se pierden las plazas y los parques públicos, espacios tradicionales para el verdadero esparcimiento.

A cambio, la autoridad responde con proyectos muy marginales. Afirma que desde 2013 ha emprendido un programa denominado Parques de bolsillo, consistente en la habilitación de reducidos espacios –en su mayoría cuchillas o camellones– con bancas, macetones y aparatos para ejercicio al aire libre que casi nadie utiliza.

Colapso o no, el daño ocasionado a CDMX está hecho y se agudiza frente a las narices de todos nosotros. El deterioro se acelera y la calidad de los servicios decae cada día. Es correcta la decisión de Claudia Sheinbaum de blindar de una vez por todas el uso de suelo, pero me temo que los capitalinos no dejaremos de sufrir las afectaciones generadas por todos esos gigantes que ya cambiaron, para mal, el rostro y las entrañas de nuestra ciudad.