La ola popular que rechazó el levantamiento de vedas de EPN en junio y votó masivamente el primero julio por un cambio de rumbo en el país, permitirá enterrar la fallida Comisión Nacional del Agua (Conagua) para abrir camino para el buen gobierno del agua.

La creación de la Conagua fue uno de los primeros actos del salinato. Su primera tarea fue la elaboración de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), aprobada en 1992, como precondición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Anclada en esta ley, la Conagua ha operado como autoridad única, sin contrapesos ni revisión pública, para el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales convertidas en mercancía y en botín político. La reforma de la LAN en 2004 permitió, además, concesionar grandes obras hidráulicas a intereses privados sin licitación ni límites presupuestales.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la actuación de este mal concebido organismo son contundentes. La Conagua ha concesionado 23 billones de litros de agua al año de aguas en exceso a su disponibilidad –dejando a la mitad de la población dependiente de las 104 cuencas y 106 acuíferos sobrexplotados. Los estudios de disponibilidad son encargados a consultores hechizos que garanticen los resultados deseados.

En cuanto al derecho humano a agua de calidad a lo largo del actual sexenio, la Conagua ha recortado anualmente los recursos destinados a la inspección de descargas contaminantes (ASF DE-137). Actualmente, 40 por ciento de los cuerpos de agua del país se encuentran seriamente contaminados. (ASF 123ª, 409).

Casos emblemáticos de fenómenos vividos en todo el país incluyen la contaminación impune del río Sonora por Grupo México y el despojo de comunidades zacatecanas para beneficiar a la minería tóxica en Salaverna y Peñasquito; la privatización de los sistemas del agua en Puebla, Veracruz y Quintana Roo vía gobernadores; la autorización de aguas nacionales para el fracking, y para la exportación de energía geotérmica y cerveza desde Mexicali, declarada zona de extremo estrés hídrico.

En violación al principio de no regresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por México, en este sexenio la Conagua ha recortado en 72 por ciento el presupuesto federal disponible a municipios y comunidades para cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento (de 14.4 pesos hasta 2016, a 3.4 mil millones en 2018) para poder dedicar 9.5 mil millones en 2018 a cuatro proyectos ampliamente señalados por la ASF: Túneles Emisor Oriente y Canal General (ASF 457, 405), obras hidráulicas de NACM (ASF 398, 407, 8081) y presa Zapotillo (DE-099).

Finalmente, la ASF advierte que la Conagua carece de la capacidad de detectar o sancionar la corrupción (ASF 471). Señala que se requiere de cambios estructurales en la autoridad del agua para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras (ASF 415). La Conagua, de plano, está reprobada.

La reforma al artículo 4 constitucional del 8 febrero 2012 mandata cambiar el ADN del manejo del agua en el país para que se centre en derechos y no en los mandatos del libre comercio. Dio un plazo de un año para remplazar la LAN con una Ley General del Agua que sentaría las bases para lograr el acceso sustentable y equitativo al agua mediante la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno. Requiere además, reconocer la primacía de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos indígenas establecidos en reformas constitucionales posteriores a la LAN.

De hecho, la actual inconstitucionalidad de la LAN es la base principal de las decenas de amparos contra los recientes 10 Decretos de EPN presentados por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Central Campesina Cardenista, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Instituto por el Derecho Ambiental y el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, entre otros.

A lo largo y ancho de nuestro país emerge la visión de la ley de aguas que México necesita y la Constitución exige: Consejos de Aguas y Cuencas conformados por pueblos indígenas, ciudadanos y funcionarios de los tres niveles de gobierno que aprobarían planes vinculantes para revertir el despojo y el acaparamiento, la sobrexplotación y la contaminación, la corrupción y la impunidad, legados de la LAN y la Conagua.

Este nuevo contexto legal e institucional serviría de escudo contra la autorización de proyectos de minería tóxica, fracking o cualquier otra actividad que pudiera vulnerar este derecho fundamental. Las tareas de planeación y monitoreo serían realizadas por los consejos en relación estrecha con las universidades y centros de investigación locales y regionales. Se priorizarían recursos públicos para obras locales consensadas en vez de megaproyectos privatizantes. Contralorías sociales auto-organizadas y una Defensoría del Agua y Ambiente servirían como garantes frente a cualquier posible abuso.

La pronta aprobación de una Ley General de Aguas con estas características permitirá al nuevo gobierno llegar sin cargar con el muertito. Apoyándose en el pueblo y en la Constitución podrá abrir una nueva etapa de gestión hídrica en México. Réquiem para la Conagua para dar entrada al buen gobierno del agua.

*Integrante del Centro para la Sustentabilidad CENTLI/UAM, y de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida.

**Coordinador del Programa de Investigacion para la Sustentabilidad de la UAM, cofundador de la Coordinadora Agua para Tod@s Agua para la Vida