Jesús Manuel Macías*

El desastre de 1985 en la Ciudad de México conformó lo que ahora conocemos como el paradigma de los desastres mexicanos. Uno de sus efectos fue la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en 1986 y fue una respuesta ante la falta de previsiones de los gobiernos anteriores para enfrentar desastres. El sismo del 19 de septiembre de 2017, como otros sucesos desastrosos en años pasados, mostró que de nada o de muy poco sirvió ese Sinaproc. Corrupción, ineficiencia y simulación fueron los ingredientes de los gobiernos priístas y panistas para mantener esa organización fantasma. Los problemas presentes en la falta de recuperación de los desastres de septiembre pasado, son una vergüenza para toda la nación.

Nos encontramos frente a una posibilidad de real transformación positiva de México y ya se han adelantado planes para restructurar la administración pública incluyendo una descentralización tan necesaria como postergada. Sin embargo, lo que queda del ente coordinador del Sinaproc, la Coordinación Nacional de Protección Civil alojada en la Secretaría de Gobernación (SG), se anuncia que se trasladará a la nueva Secretaría de Seguridad Pública, lo que no es un acierto.

La idea errónea de que los desastres representan retos para la gobernabilidad fue la causa de que en México la protección civil se alojara en Gobernación. La ocurrencia de desastres tiene que ver más con la pobreza y con los malos gobiernos que no atinan a desarrollar la mejor organización para enfrentar desastres, considerando integralmente sus cuatro fases (prevención, preparativos, respuesta y recuperación), las responsabilidades de los órdenes de gobierno y la racionalidad de la comprensión holística de las amenazas y riesgos. Lo anterior significa superar el modelo de protección civil para dejarlo reposar en el lugar de los desechos de la historia.

El más exitoso caso de organización gubernamental para reducir desastres lo representó la administración del estadunidense Bill Clinton con su Sistema Federal de Manejo de Emergencias y la creación de la agencia federal coordinadora (FEMA, por sus siglas en inglés), que fue una agencia alojada directamente en la presidencia de ese país. En Colombia, luego del desastre de Armero se dio pie a la creación de su Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, emularon tal cosa. Los cambios posteriores en uno y otro país desdibujaron esa organización y, a pesar de avances logrados, no hay en el horizonte resultados satisfactorios en términos de reducción de desastres. Los estadunidenses pagan caro cada año el error de privilegiar el terrorismo como su principal amenaza y disponer para ello de muchos recursos organizacionales, financieros y humanos.

No es recomendable que la organización gubernamental para reducir desastres en México se encuentre en la esfera policiaca; y si hubiera que sugerir un sector para su mejor ubicación, sería el financiero, el de la SHCP. El argumento que los administradores públicos de Estados Unidos utilizaron para elegir el asiento de la FEMA, fue que estando en la oficina del presidente, los recursos financieros no serían escatimados. Existen numerosos llamados de atención para vincular el asunto de la reducción de desastres al tema del desarrollo, y esos llamados vienen desde la colonialidad de las organizaciones internacionales de ayuda en desastres desde los años 70 y permanecen hasta el presente, con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la ONU (EIRD). Mantienen sus mismas prácticas a veces fraudulentas, como el fomentar un cambio del paradigma del desastre por el del riesgo sólo para favorecer la venta seguros y reaseguros en el nombre de la prevención. La relación desastres y desarrollo es una tautología. La administración pública es un instrumento de la sociedad para su desarrollo y protección. Los desastres son tan problema de gobernabilidad, como son los gasolinazos.