La decisión de ayer del presidente estadunidense, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva que pone fin a la separación de menores migrantes de sus padres y acompañantes adultos debe verse como un primer éxito de la presión mundial sobre el tempestuoso mandatario republicano, quien con el pretexto de una tolerancia cero al ingreso de extranjeros indocumentados a su país había ordenado tales separaciones como una forma de disuadir a quienes tratan de adentrarse en el territorio de la superpotencia en busca de trabajo, de sobrevivencia o de mejores horizontes de vida.

Como se recordará, desde abril pasado las autoridades de Washington empezaron a aplicar esa práctica –denunciada por inhumana, cruel y contraria a los derechos humanos por gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales de múltiples países, así como por sectores y voces acreditadas de la propia sociedad estadunidense– desde abril pasado, como se ha venido reportando en las páginas de este diario. Con su implantación Trump buscaba presionar a la oposición demócrata en el Capitolio para forzarla a liberar recursos para la construcción del muro que quiere edificar en la frontera común con México y a aceptar una legislación migratoria aún más despiadada que la que está vigente. Como medida adicional de chantaje, el magnate republicano dejó en la total desprotección legal a los llamados dreamers, indocumentados que llegaron de bebés o niños a territorio de Estados Unidos, que han hecho ya su vida en ese país y que, sin embargo, carecen de autorización para permanecer en él.

La orden ejecutiva firmada ayer no suaviza la brutal criminalización de los indocumentados ni implica posibilidad alguna de que los menores y adultos detenidos en los campos de internamiento puedan permanecer en el país. Simplemente, pone fin a las separaciones familiares, cuyas escenas gestaron un amplio consenso en contra de Trump en la propia clase política estadunidense, incluidos muchos de sus correligionarios republicanos que se mostraron escandalizados por la inaudita saña antimigrante. Pero en términos políticos representa una circunstancia inédita en la carrera política del actual ocupante de la Casa Blanca, pues se vio forzado a recular sin ambigüedad en una determinación asumida. Y ello, sumado al fin del sufrimiento familiar de miles de personas, constituye un éxito para todas las personas de buena voluntad, estadunidenses o no, que ven en el presidente republicano a un enemigo acérrimo de la legalidad, la ética, la convivencia pacífica, los valores democráticos y las libertades.

Por lo demás, el escándalo de los menores separados de sus familias hizo pasar a segundo plano un hecho igualmente grave y ominoso: la salida del gobierno estadunidense del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, instancia a la que la representante de Washington ante la ONU, Nikki Haley, llamó hipócrita, egoísta y una cloaca de prejuicios políticos. La prepotencia y la insolencia de tales términos dejó en claro la percepción que impera en la administración Trump de los derechos humanos; un dato que, cotejado con el inmenso poderío y la proyección mundial de Washington, es para quitar el sueño.