Tras casi 24 horas de una discusión extenuante y por una mayoría de sólo cuatro votos –129 en favor, 125 en contra y una abstención–, la Cámara de Diputados de Argentina votó ayer un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa deberá pasar ahora el filtro del Senado, aunque son muchas las probabilidades de que la cámara alta sume su aprobación en las próximas semanas. De concretarse tal escenario, las mujeres argentinas habrán ganado una batalla de años por la soberanía sobre sus cuerpos y la libertad de decidir su vida y su futuro. Más aun, si los senadores del país austral votan en el mismo sentido que los diputados, Argentina se sumará a Cuba, Uruguay, Guayana y las colonias francesas del Caribe como únicos países del subcontinente que han despenalizado plenamente el aborto.

Hace menos de un año, Chile aprobó una legislación que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida de la madre, malformaciones congénitas o cuando es producto de violación. La ley argentina es mucho más avanzada, pues establece el aborto seguro, libre y gratuito.

El hecho reviste trascendencia porque ocurre en una nación en la que la Iglesia católica sigue ejerciendo un poder político considerable, en el cual no existe una plena separación entre la Iglesia y el Estado –hasta el punto en que es considerada un país confesional– y que es la patria natal de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, máximo jerarca del catolicismo mundial. Como cabía esperar, el clero se ha jugado en peso para tratar de impedir la determinación legislativa.

La votación congresal es de celebrar también porque representa una victoria para una causa de género que se ha traducido en incontables movilizaciones y campañas y que, sean cuales sean las motivaciones y consideraciones políticas de los legisladores que aprobaron el derecho a decidir, merece triunfar, no sólo por justicia elemental sino porque es injustificable que haya mujeres muertas por practicarse abortos en condiciones de clandestinidad o procesadas por decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.

Es pertinente recordar que las movilizaciones más recientes han ido acompañadas por la protesta exasperada ante el creciente número de feminicidios registrados en años recientes en Argentina (aunque muy pequeño si se le compara con la lacerante cifra respectiva que ostenta México) y por una violencia de género también al alza.

Ciertamente, el asunto es uno de los más polémicos y polarizantes en las sociedades latinoamericanas, pero es claro que conforme se produce el relevo generacional, la mayoría se ha ido desplazando lentamente de las posturas moralistas y religiosas tradicionales a una actitud que reivindica la libertad y la soberanía individual como parte de una visión más amplia de los derechos humanos. Cabe esperar que pronto lo aprobado ayer por los diputados argentinos sea ley vigente en Argentina, que en México el ejemplo de la ciudad capital sea reproducido por el resto de las entidades federativas y que en América Latina impere la lógica expresada en la consigna educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.