Asa cristina laurell

En el debate actual sobre los problemas del sector salud mexicano llama la atención la poca mención de un problema muy crítico: las enormes deficiencias de infraestructura, personal y abasto regular en las instituciones públicas; carencias que no han sido suplidas por el sector privado. Nadie quiere ver el elefante en la sala. El programa de salud de Andrés Manuel López Obrador lo reconoce y hace una propuesta concreta para iniciar su solución, y calcula además la inversión requerida y el gasto de operación para que funcionen adecuadamente estas nuevas unidades.

Parte de la necesidad de un nuevo modelo, la Atención Primaria de Salud Integral (APS-I), que reconoce que el primer nivel de atención debe fortalecerse y basarse en la educación, la promoción, la prevención, la detección y el tratamiento oportuno, así como tener un enfoque intersectorial. Resalta, a diferencia de otras propuestas, que ésta demanda trabajar con y en las comunidades e incorporar las acciones desde la base del sistema público. El segundo componente de la APS-I es que el primer nivel de atención, centros de salud y clínicas, deben formar parte de redes de atención que garanticen a las personas acceso al tipo de servicios médicos que su padecimiento requiere, sea la consulta de especialidad, hospitalización, cirugía o tratamientos complejos. Es decir, la atención no estaría restringida al paquete del Seguro Popular.

La condición para que este modelo pueda funcionar es que existan el personal y las unidades de salud necesarias, que el abasto de medicamentos e insumos sea adecuado y que se dé mantenimiento a las unidades y el equipo. Se plantea también que los medicamentos y la tecnología sean los indicados en cada caso y que su uso no sea inducido por intereses ajenos a la buena práctica clínica. La propuesta prevé para ello la ampliación y fortalecimiento de las unidades de salud —centros de salud y hospitales— y<<<<<<< que haya suficiente personal con contratos regulares en contacto con la población. Se propone así construir y equipar con recursos federales, priorizando las regiones más vulnerables; 96 nuevos hospitales, 64 generales y 32 de especialidad, así como garantizar que arranquen con todo el personal necesario al terminar las obras y no queden como elefantes blancos inútiles. Se estimulará además a los estados para que construyan y equipen más centros de salud.

La Encuesta Nacional de Salud 2016 demuestra fehacientemente: a) que los quintiles más bajos (Q4 y Q5) reciben la atención más precaria y tienen muchas más complicaciones y b) que las prácticas de seguimiento y atención son inoportunas tanto en las instituciones públicas como en las privadas, con los consultorios adjuntos a las farmacias, batiendo récord de mala atención.

Las propuestas de Juntos Haremos Historia para resolver este grave problema son varias: por un lado, garantizar el equipo y abasto requeridos y por el otro, instrumentar la educación continua sobre los padecimientos más importantes para todos los médicos y enfermeras, un cambio acordado con la universidades en el currículo de medicina y el incremento de residencias claves.

Se prevé financiar estas propuestas con los ahorros de combate a la corrupción y de la Austeridad Republicana para los altos funcionarios que juntos representarían por lo menos 13 por ciento del presupuesto de salud. Adicionalmente, se proyecta un incremento del presupuesto en 8 por ciento anual. Con este esquema se puede pagar holgadamente la inversión y operación de las nuevas unidades, garantizar el abasto de medicamentos y las acciones de salud pública.

Los principales institutos de seguridad social —IMSS e Issste— también requieren ampliar y fortalecer su capacidad de atención, particularmente dado que la dinámica económica del proyecto del licenciado López Obrador haría incrementar el empleo formal, público y privado. Esto significa que estos institutos tendrán mayores ingresos con los cuales se pueden ampliar las unidades de atención, contratar más personal, garantizar el abasto y el mantenimiento, añadiéndolos a los ahorros en las licitaciones y de la Austeridad Republicana.

El programa en análisis no promete alcanzar establecer un sistema público universal y solidario en un sexenio, pero es el horizonte al que aspira. La diferencia es que no sería uno con derechos limitados a un paquete restringido como está implícito en las otras propuestas, sino con iguales derechos para todos. Y se construya desde abajo hacia arriba.