La crítica travesía del buque humanitario Aquarius, al que recientemente los gobiernos de Malta e Italia le negaron autorización para atracar, a pesar de que llevaba a bordo a 629 migrantes africanos rescatados en el Mediterráneo y que se encuentran en condiciones deplorables, parece encaminarse a una solución luego de que el nuevo gobierno español, que encabeza Pedro Sánchez, ordenó a las autoridades portuarias de Valencia que permitan el arribo de la embarcación. Si no surgen nuevos contratiempos, el próximo fin de semana el barco, operado por la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, llegará a tierras de España, en donde se decidirá, caso por caso, si ese país acepta a los pasajeros en condición de refugiados.

El episodio ha puesto en evidencia la brutalidad xenofóbica de las autoridades maltesas e italianas, las cuales hicieron caso omiso de la difícil circunstancia en la que se encuentra el barco, sin víveres suficientes para alimentar a sus pasajeros, muchos de los cuales fueron previamente rescatados de naufragios, y entre los cuales hay siete mujeres embarazadas, 129 menores de edad no acompañados y 12 niños pequeños.

Adicionalmente, el caso ha detonado una crisis en el seno de la Unión Europea por la falta de consensos entre sus gobiernos integrantes acerca de las estrategias ante el masivo flujo migratorio procedente de África y Medio Oriente. La situación del Aquarius derivó incluso en un fuerte encontronazo diplomático entre París y Roma. Ante la negativa del gobierno italiano de permitir el ingreso de la embarcación, el presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a las autoridades del país vecino de cinismo y falta de responsabilidad, en tanto que el líder de la organización política gobernante La República en Marcha, Gabriel Attal, calificó de repugnante la postura italiana. El asunto provocó incluso la suspensión de un encuentro bilateral de ministros.

Más allá de esa confrontación, es claro que el arribo al poder de coaliciones con componentes de ultraderecha en varios países –la misma Italia, para empezar– ha deteriorado notablemente la de por sí restrictiva política europea de asilo a refugiados.

El año pasado unos 172 mil llegaron a naciones integrantes de la UE, una cifra minúscula si se le compara con los casi cuatro millones de desplazados que se encuentran en Turquía y el millón y medio de sirios que han buscado refugio en Líbano. Por otra parte, es innegable la responsabilidad que diversos gobiernos de Europa occidental (Francia, Gran Betaña, Italia, Alemania) han tenido en la gestación de conflictos como los de Afganistán, Libia y Siria, los cuales han provocado el desplazamiento de poblaciones enteras y han convertido en masivo el éxodo de personas del norte de África hacia las costas europeas a través del Mediterráneo. Es inadmisible que ahora las autoridades del Viejo Continente pretendan recibir a cuentagotas a los desplazados o, peor aún, que pretendan dejarlos abandonados en alta mar. En ese contexto, el gesto del nuevo gobierno español ante el drama del Aquarius marca un referente positivo que debiera ser replicado por los otros países europeos.