Iván Restrepo

A ocho meses del sismo que causó decenas de muertes y heridos y daños en el patrimonio de miles de personas en Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Puebla y Morelos, los responsables de los programas de reconstrucción desaparecieron con el huracán que ahora destroza todo: las campañas electorales. En la capital del país, el anterior jefe de Gobierno busca sobrevivir políticamente. Igual otros funcionarios de las entidades afectadas. Apenas dos que tres responsables de que se cayeran edificios mal construidos han sido tocados por la justicia. La directora del Colegio Rébsamen, bien, gracias. También los que construyeron las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en el sur de la ciudad, donde fallecieron cinco alumnos. Miles de personas perdieron sus hogares y miles más siguen sin ocupar los departamentos o casas donde vivían porque están en mal estado, inseguros. Otros miles reparan con cargo a sus haberes los edificios o casas que sufrieron daños que pueden subsanarse y así garantizar la solidez de los mismos y la integridad de sus dueños. El sábado pasado nuevamente hubo protestas, porque no aparece la ayuda oficial prometida para dichas tareas. Las autoridades despiertan brevemente de su letargo y anuncian, por enésima ocasión, que fluirá el apoyo prometido.

En Oaxaca, Morelos y Puebla, las tareas de reconstruccion van más lentas. En Juchitán, el pintor y mecenas Francisco Toledo mostró cómo organizar a la población para ayudar en lo fundamental. Pero su ejemplo no lo siguieron las instancias oficiales en otras zonas. Los recursos públicos destinados a la reconstrucción se dan a cuentagotas y sin control estricto del mismo.

En Ciudad de México la opacidad es la norma. Sin embargo, y gracias a la protesta ciudadana, se desbarató el intento de los legisladores locales del PRD, Leonel Luna y Mauricio Toledo (el cacique de la delegacion Coyoacán), y de Jorge Romero, ex delegado del PAN en Benito Júárez, de manejar a discreción y con fines electorales más de 7 mil millones de pesos del prespuesto aprobado para la reconstrucción. Los tres citados ahora buscan seguir viviendo con cargo a nuestros impuestos como próximos ­diputados federales.

Mientras muchas escuelas de las entidades afectadas por los sismos no se construyen de nuevo o reparan adecuadamente, mientras miles carecen de agua potable, mobiliario, techo y servicios sanitarios, se supo que el año pasado la Secretaría de Educación Pública a cargo de Aurelio Nuño gastó en publicidad 2 mil 680 por ciento más de lo que el Congreso de la Union autorizó para dicho rubro. Fueron casi 2 mil millones de pesos malgastados. Nada hizo para evitar ese dispendio el entonces secretario de Hacienda, Jose Antonio Meade, quien ahora tiene como coordinador de su campaña electoral al citado señor Nuño. ¿Así quiere el señor Meade combatir el dispendio y la corrupción en caso de ser electo presidente de la República el primero de julio?

Además, los funcionarios y legisladores de la capital y de otras entidades afectadas por los sismos de septiembre se fueron en busca de sobrevivencia política y económica, y dejaron sin discutir y aprobar medidas urgentes para lograr la revisión exhaustiva del mobiliario urbano y rural; para que los dueños de departamentos en condominio tengan legalmente la obligación de erogar lo necesario para reforzar las estructuras de los inmuebles donde viven. Como ninguna norma los obliga a ello, en cientos de edificios las obras citadas no se realizan por falta de recursos suficientes, al negarse decenas de condóminos a cubrir las cuotas que les corresponde para dichos trabajos.

Habrá nuevos sismos y las autoridades a las que les toque enfrentar los problemas que ocasionen dirán que no se deben a ellas, sino a la negligencia de quienes hoy andan en campaña electoral. Pero que, ahora sí, van a tomar las medidas necesarias para evitar muertes, heridos y daños materiales sin cuento. Es lo que prometen después de cada sismo, huracán o tragedia atribuida a la naturaleza. Y como es costumbre, la reconstrucción seguirá como próspero negocio de las empresas constructoras ligadas a funcionarios y legisladores.