El gobierno español prosigue con la intervención de las instituciones catalanas, después de unas elecciones que ratificaron, en lo esencial, el mapa político de esa hasta ahora comunidad autónoma de España y dieron lugar a la conformación de un gobierno regional tan independentista como el que fue depuesto por el presidente Mariano Rajoy en octubre del año pasado, luego de la realización en Cataluña de un referendo para la separación y la declaración de independencia por parte del Parlament (órgano legislativo local).

Ayer Rajoy bloqueó el intento del presidente Quim Torra de incluir en su gabinete a independentistas catalanes que se encuentran presos o en el exilio, por más que ninguna disposición de los marcos legales de España ni de Cataluña prohíba expresamente el que personas en esa situación despachen como consellers o ministros locales.

Entre los políticos propuestos figuraban Josep Rull, para la cartera de Territorio y Sostenibilidad, y Jordi Turull (Presidencia), ambos encarcelados en la prisión de Estremera, y Lluis Puig (Cultura) y Toni Comín (Sanidad), en el exilio.

Tal determinación prolonga la parálisis institucional en la que se encuentra Cataluña desde que Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución española para castigar la declaración de independencia de octubre, deponer al gobierno de Carles Puigdemont –quien se encuentra en Alemania sujeto a una petición de extradición turnada por el régimen madrileño–, reprimir el separatismo y emprender la persecución judicial de sus principales dirigentes, ademas de que estrecha las posibilidades de dirimir el conflicto entre Madrid y Barcelona por medios democráticos, pacíficos e institucionales.

Al contrario, el empecinamiento de las tres principales fuerzas partidistas de Madrid –el Partido Popular de Rajoy, posfranquista; la nueva derecha, representada por Ciudadanos, y la socialdemocracia del Partido Socialista Obrero Español– en impedir la formación de un gobierno regional catalán, incluso en el marco constitucional de España, exhibe al Estado español como un régimen autoritario, represivo e incapaz de gestionar los reclamos regionalistas.

Más todavía: es previsible que el sostenido acoso judicial, policial, económico, administrativo y propagandístico en contra del independentismo catalán, no sólo no logre debilitar el reclamo secesionista sino que, por el contrario, lo alimente y lo fortalezca.

En efecto, el gobierno, la Corona y el Congreso madrileños se han empeñado en hacer ver a los catalanes independentistas que no hay dentro de España más lugar que la cárcel ni más futuro que la exclusión y la criminalización.

Desde esa perspectiva, todo parece indicar que el gobierno de Mariano Rajoy y sus aliados circunstanciales en esta crisis están haciendo mucho más de lo que se imaginan en favor de la independencia plena y definitiva (irremediable, pensarán algunos) de Cataluña.