Iván Restrepo

Muchos mexicanos creen que por condiciones semidesérticas y carecer de frondosas selvas y bosques, en la península de Baja California no existe una variada e importante biodiversidad. La hay en tierra y en el mar. Por algo, al Golfo de Cortés se le denomina el acuario del mundo. No debe entonces extrañar que numerosos investigadores, instituciones científicas, estudiantes e integrantes de la sociedad civil de esa parte del país hayan rechazado el contenido de la Ley General de Biodiversidad aprobada de mala manera en el Senado de la República y enviada luego para su ratificación a la Cámara de Diputados. Ese sentir se hizo patente en el foro realizado en la La Paz, Baja California Sur, en junio del año pasado.

Jesús Echevarría Haro, quien preside el consejo asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, y Francisco de la Chica Bonilla son dos de los especialistas que alentaron dicho foro. Me informan que en él hubo plena coincidencia con lo expresado en el resto del país por instituciones científicas, especialistas y grupos defensores de la biodiversidad: la nueva ley abre las puertas a proyectos que en vez de proteger el patrimonio natural de México alientan su destrucción y también a la posibilidad de que esa riqueza caiga en manos de poderosos entes económicos. De manera clara, ignora el parecer de los grupos indígenas, los mejores custodios de esa biodiversidad. Aunque en la discusión que desde 2016 tuvo lugar en el Senado en torno a dicha norma y luego en comisiones de la Cámara de Diputados se incorporaron varias de las observaciones y recomendaciones de la academia y la sociedad, no hubo una consulta mucho más amplia sobre su contenido, que contrasta con la premura legislativa en sacar adelante tal iniciativa a cualquier costo.

Entre los cuestionamientos sobresalen, por ejemplo, que se olvidan los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales plasmados en la Constitución y hace a un lado el conocimiento de ellos sobre la biodiversidad. Pretende privatizar los recursos genéticos a la par que debilitar el quehacer de las áreas naturales protegidas y los programas de preservación de especies en riesgo, al privilegiar los intereses de la minería y las industrias energética, farmacéutica y de biotecnología, entre otras. No menos importante es que la citada ley no ofrece mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone crear un consejo nacional a gusto de quienes deberán hacer cumplir dicha norma.

Por otro lado, ésta va a contracorriente de acuerdos internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en vez de hacer realidad el Protocolo de Nagoya (acuerdo internacional sobre acceso a los recursos genéticos, así como participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización), lo aplica de manera laxa y crea conflictos entre las comunidades. En fin, limita las posibilidades de que nuestro país cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible expresados en la Agenda 2030, cuya tarea es asegurar el progreso social y económico sostenible en el mundo. Dicha agenda fue aprobada en 2015 por 180 naciones, entre ellas México.

Tras varios intentos de ese negocio familiar que es el Partido Verde y su aliado el PRI por aprobar al vapor la citada norma, el pasado 12 de abril la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó regresarla a comisiones, a fin de abrir un amplio debate sobre sus alcances. Cabe señalar cómo las comisiones de Cambio Climático y Asuntos Indígenas de la instancia legislativa emitieron una opinión negativa, al considerar que afectaba a las áreas naturales protegidas y no se tomaba en cuenta el sentir de las comunidades originarias.

Este sexenio será recordado por las abundantes promesas y celebraciones oficiales en el campo ambiental. Pero, sobre todo, por las fallas, omisiones, así como por velar más por los intereses privados que por los de la nación.