Pedro Miguel

En el encuentro de dirigentes empresariales con López Obrador de la semana pasada, los primeros cuestionaron al segundo su intención de suspender el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, urdido e iniciado a principios del sexenio de Peña Nieto, a lo que el candidato presidencial de Morena respondió con una propuesta que fue bien recibida: someter el asunto al examen de un grupo de 15 técnicos, cinco propuestos por el actual gobierno, cinco por los propios empresarios y otros cinco por Morena. Se alzó de inmediato un revuelo en las filas del régimen, de sus fórmulas electorales (la de Meade, la de Anaya y la de Zavala) y de los beneficiarios de contratos y concesiones que ya daban por seguro un enriquecimiento astronómico a costillas del erario y de la población. El abanderado priísta perdió el control y se retrató de cuerpo entero al emitir un terminante ese asunto no está a discusión, el panredista descalificó la propuesta de los 15 expertos y se comprometió a terminar el aeropuerto en caso de llegar a la Presidencia y la panista disidente Margarita Zavala asumió idéntica postura.

En los días transcurridos desde entonces el bando oficialista ha esgrimido toda clase de argumentos nuevos y reciclados en contra de la propuesta alternativa que López Obrador presentó desde 2015: ampliar la actual base aérea de Santa Lucía, en el Edomex, para darle un uso mixto civil y militar, y conservar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ), cuya demolición está prevista en el plan del NAICM. Se ha dicho, por ejemplo, que de poner fin al elefante blanco de Peña Nieto habría que anular contratos vigentes, lo que implicaría un alto costo en multas; que la operación de Santa Lucía es incompatible con la del AIBJ; que está muy lejos; que se perderían cientos de miles de millones de pesos y decenas de miles de empleos; que la economía del país experimentaría un gravísimo retroceso; que la imagen internacional de México se vería empañada (eso dijo uno de los más activos empañadores de la imagen nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza); que la obra ya va muy avanzada y que suspenderla sería un dispendio; que es un proyecto de Estado, y cosas por el estilo.

Ninguno de los alegatos del régimen resiste el análisis. López Obrador no propuso anular un solo contrato en forma discrecional, sino impugnar los que resulten irregulares ante las autoridades judiciales correspondientes; el funcionamiento de Santa Lucía es tan compatible con el AIBJ que el avión de Peña Nieto ha aterrizado allí en numerosas ocasiones sin que ello implique la suspensión de operaciones en el aeropuerto de la ciudad; la distancia entre la actual base aérea y la mancha urbana puede compensarse sin problema con la construcción de vías rápidas y un tren rápido; el habilitarla como aeropuerto, lejos de significar una pérdida de dinero y empleos, representaría un ahorro sustancial y no dejaría sin trabajo a nadie porque reorientaría los contratos de obra ya existentes hacia el nuevo proyecto; la imagen internacional de México no va a afectarse por la suspensión de una obra que apesta a corrupción (como ocurrió ya con el tren rápido México-Querétaro, al que el actual gobierno hubo de decir adiós porque en él estaban involucrados empresarios que le facilitaron a Peña su mansión de Las Lomas); por el contrario, se beneficiaría con una rectificación orientada a la transparencia; el grado de avance de la obra en Texcoco es ínfimo; lo que va muy adelantado es el amarre de contratos turbios.

El episodio ha dejado claras algunas cosas. Por ejemplo, que por muy peleados que se presenten los candidatos del régimen, Meade y Anaya, están dispuestos a deponer sus diferencias cuando se trata de defender con uñas y dientes la piedra de toque de la corrupción sexenal y que hay muchos empresarios honestos a los que les interesa esclarecer las cuentas oscuras del NAICM, y que hay otros, directa e indirectamente beneficiados, que se resisten a perder semejante oportunidad de negocio.

Pero, por encima de todo, lo que se ha evidenciado con la furibunda reacción oficialista a una propuesta sensata y constructiva, como lo es una revisión multilateral y profesional del proyecto del NAICM, es lo que se juega un pequeño grupo de empresarios y políticos en ese desarrollo: la perspectiva de recibir utilidades multimillonarias y casi ilimitadas durante varias décadas por emprender y mantener una obra virtualmente interminable, como lo sería un aeropuerto encima de un lago.

Antes de que se hundan las pistas (y con ellas, los ahorros de millones de mexicanos, y cantidades ingentes de dinero público), más vale poner fin al proyecto.