La construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) en Texcoco ha vuelto al centro del debate público, después de que el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezados por el presidente de ese organismo cúpula, Juan Pablo Castañón, aceptaron establecer una mesa técnica con una participación paritaria de expertos gubernamentales, empresariales y de Morena, para analizar la viabilidad del proyecto que la presente administración considera su obra estrella y no ha estado exento de cuestionamientos desde que fue presentado.

El asunto tiene aspectos técnicos de difícil comprensión en lo que se refiere a la obra civil, en sus implicaciones para el tráfico aéreo y la aeronavegabilidad, en su significación para las finanzas nacionales y en el impacto ambiental que podría generar. Sería deseable, por lo anterior, una nueva mirada al proyecto por parte de un grupo equilibrado de especialistas que despeje o ratifique las inquietudes de la sociedad en torno a la nueva terminal aérea.

De manera significativa, el convenio entre el político tabasqueño y los dirigentes empresariales generó de inmediato una intensa reacción negativa del gobierno federal y de los otros aspirantes presidenciales –José Antonio Meade, de la coalición Todos por México (PRI, Verde y Nueva Alianza); Ricardo Anaya, de la alianza electoral Por México al Frente, y de la hasta hace poco panista Margarita Zavala–, todos los cuales abogaron por mantener y concluir el proyecto actual en el sitio previsto. Tal reacción fue compartida por organizaciones empresariales. La defensa del NAICM pasa por la descalificación de la propuesta alterna que desde 2015 presentó López Obrador, consistente en conservar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez con sus dos terminales y ampliar la actual Base Aérea de Santa Lucía, en el estado de México –que es utilizada por la Fuerza Aérea Mexicana– para construir allí un aeropuerto internacional civil anexo al militar.

La cuestión del nuevo aeropuerto adquirió un cariz político y se convirtió de inmediato en un debate entretejido con las campañas presidenciales en el que participan, además, múltiples voces académicas, científicas, sociales y mediáticas. De alguna manera, se trata de un fenómeno retardado, pues la decisión del NAICM fue adoptada sin una reflexión colectiva que habría sido saludable y necesaria.

Dos aspectos centrales dominan la polémica: el técnico y el financiero. El primero se refiere a la viabilidad y a la sensatez de construir pistas de aterrizaje para aviones pesados sobre un suelo lacustre, como lo es el de Texcoco, y con las implicaciones de la obra en lo social y en lo ambiental. Pero se discute también el costo del proyecto, que ha alcanzado niveles estratosféricos cuando apenas se lleva una pequeña parte de la ejecución, y en el que la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades y personas señalan opacidades e inconsistencias que deben ser aclaradas. Un asunto central en esta vertiente del debate es la inversión en el proyecto de los fondos de las Afore, decisión ciertamente legal, pero cuestionable, e incluso condenable si del análisis técnico se concluyera que la obra en curso no es realista o ni siquiera realizable.

Cabe esperar, finalmente, que la discusión en curso pueda desarrollarse, si no exenta de pasiones políticas, sí al menos sobre bases técnicas y financieras sólidas y consistentes, para lo es cual necesario que los expertos desentrañen de cara a la sociedad los puntos oscuros del NAICM.