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Francisco López Bárcenas

Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, en Gómez Palacio, Durango. Son tan sólo tres ejemplos de que la criminalización de la protesta social por parte del gobierno sigue adelante contra todos aquellos que se opongan a sus políticas de despojo y depredación de los recursos naturales.

La agresión contra los miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske sucedió la noche del domingo 4 de marzo, al filo de las 19 horas, en una zona conocida como La Cumbre, cercana a las inmediaciones del entronque de la carretera Interserrana, que conecta a Cuetzalan con Teziutlán. De acuerdo con la información difundida por los afectados, un grupo no identificado que se encontraba emboscado disparó al menos en seis ocasiones contra una camioneta que regularmente ocupan los directivos de la organización, lo que hace suponer que el atentado iba dirigido contra ellos. Sólo que en esta ocasión quienes iban en la camioneta eran un promotor de la cooperativa y el chofer de la camioneta, quien resultó herido en un brazo y aun así logró conducir el vehículo hasta un taller mecánico, alejándolos de sus agresores y salvándolos de consecuencias mayores.

En relación con la agresión contra los habitantes de Temacapulín, el 6 de marzo un grupo de ellos fue citado a comparecer ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Altos-sur, con sede en Tepatitlán de Morelos, acusados del delito de obstrucción a las vías de comunicación. El abogado de los imputados descubrió que los hechos por los cuales se abrió la carpeta de investigación sucedieron el 28 de febrero, cuando los habitantes de Temacapulín cerraron el paso a los camiones con los que los trabajadores estaban sacando la arena del río, despojándolos de sus recursos naturales, sin dejarles a cambio ningún beneficio, pero la carpeta se había iniciado el 6 de febrero, 22 días antes de los hechos. Tras las denuncias públicas de esta arbitrariedad, el asesor jurídico fue amenazado, por alguien que desde el anonimato le reprochaba que estuviera calentando la plaza.

El 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto Chemours Laguna, el cual comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, granaderos estatales y municipales reprimieron y detuvieron a varios de los protestantes. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la mañana en el Ejido La Aurora, cuando alrededor de medio millar de personas se manifestaban contra el proyecto y las autoridades que habían facilitado los permisos para el funcionamiento de la planta. Los inconformes argumentan que el cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al ambiente, y cuya producción en la Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Lejanas geográficamente y protagonizadas por actores sociales diversos, la criminalización de la protesta social guarda muchos rasgos en común. En los tres casos se trata de organizaciones y movimientos sociales que resisten la instalación de megaproyectos en sus territorios y el despojo de sus recursos naturales; las dos primeras con décadas de resistencia. Esa podría ser una razón que explicara la agresión. Pero puede ser otra: enrarecer el panorama político, sembrando el miedo entre la sociedad para que aquellos que piensan se inmovilicen y no salgan a votar en las elecciones de julio próximo. No hay que olvidar que antes de ellos reprimieron a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en el estado de Guerrero, al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de la Sierra Sur, en Oaxaca, y a otros que no se conocen. En todos los casos mencionados la táctica utilizada es la misma.

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