Francisco López Bárcenas*

El último día de enero la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Te­ziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que con­traviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.

Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario. Si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?

En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.

Esa es una explicación. Pero también pueden existir otras. La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.

En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.