De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven, aunque en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona norte de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los ciudadanos encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la sensación de inseguridad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de 74.1 y ahora repuntó hasta 75.9 por ciento, con el preocupante añadido de que prácticamente la misma cantidad de quienes respondieron prevé la persistencia de esta situación.

La percepción reportada por la ciudadanía es consistente con los indicadores de inseguridad dados a conocer por instancias oficiales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, todos los cuales muestran un deterioro sostenido de la criminalidad, comenzando con el alarmante récord de muertes violentas que hizo de 2017 el año más mortífero desde que se lleva este registro. El secuestro, los robos con violencia y las agresiones contra mujeres son otros tantos delitos de alto impacto que experimentaron un repunte, según reconoció en agosto pasado el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre las cifras recogidas por el Inegi, no puede pasarse por alto que la sensación de vulnerabilidad a escala nacional es 10 puntos porcentuales más alta entre las mujeres que entre los hombres, una percepción que es consecuencia directa de las condiciones especialmente adversas experimentadas por las mujeres en cuanto a las amenazas a su integridad. En efecto, sólo en el primer semestre del año pasado se registró un repunte de 12 por ciento en las denuncias por delitos sexuales, así como un total de 6 mil 444 casos de violación: una cada 40 minutos. Estos datos resultan de por sí escalofriantes, pero palidecen al considerar que casi 95 por ciento de los ataques no se denuncian o se denuncian y no se registran, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La vulnerabilidad percibida y efectivamente padecida por los ciudadanos muestra un fracaso institucional absoluto, en tanto el deber primario del Estado reside precisamente en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes: en tanto no se presente una estrategia coherente para revertir las amenazas de la criminalidad, en cualquiera de sus modalidades, la viabilidad misma de las instituciones se encuentra en entredicho.