Economistas de distintas corrientes coinciden en señalar que a lo largo de los decenios anteriores la economía ha ganado más peso que la política, aun cuando ambas disciplinas se encuentran estrechamente vinculadas. Por un lado, la toma de decisiones económicas continúa dependiendo de factores ideológicos, pero por otro, la adopción de medidas políticas a menudo es altamente influida por componentes económicos, tendencia que se ha acentuado desde que comenzó el proceso de la llamada globalización. De tal modo que las políticas económicas acaban por reflejar no tanto la orientación de los gobiernos que las diseñan, como las presiones que los mercados y los agentes económicos ejercen sobre aquéllos.

Esto, que a primera vista podría parecer una cuestión puramente teórica, cobra importancia aquí y ahora, cuando examinamos las perspectivas económicas (y en cierto grado políticas) que afronta México a comienzos del año electoral 2018.

Muchos pronósticos que se formulan sobre el particular tienen trasfondo partidario o reflejan simples expresiones de deseos; pero otros llaman la atención sobre puntos que es preciso tener en cuenta, pues constituyen indicios sobre el probable futuro que aguarda a la economía nacional. Y es aconsejable atender esos indicios porque no se refieren sólo a los grandes indicadores que poco y nada le dicen al ciudadano común, sino que aluden también a la economía doméstica y cotidiana de cada habitante del país.

La exposición verbal desarrollada ayer en Londres por el subgobernador del Banco de México (BdM), Javier Eduardo Guzmán Calafell, sobre la política monetaria y la influencia de ésta en las expectativas económicas de la República, enfatizó la incierta relación que durante los próximos meses mantendrá nuestra moneda con el dólar y la probable necesidad de realizar ajustes adicionales sobre el particular. El funcionario no precisó en detalle el carácter de esos ajustes, pero la experiencia indica que en cualquier caso difícilmente estaríamos hablando de medidas beneficiosas para los bolsillos de la población: cuando los gobernantes hablan de ajustes, los gobernados saben que es hora de apretarse el cinturón.

En términos de la relación peso-dólar, la expresión volatilidad (que utilizó de manera reiterada Guzmán Calafell) no suele resultar favorable al primero: de hecho, la variación en el precio de la divisa estadunidense casi siempre significa su encarecimiento. Y aunque el expositor previó un fuerte descenso para el año que empieza, también habló de un crecimiento en las expectativas de inflación, lo que bastaría para revertir ese descenso, porque una tasa inflacionaria que tiende a subir afecta al tipo de cambio de manera negativa.

Si a eso se le suma la probabilidad de que los índices de crecimiento no estén a la altura de las previsiones (en términos más crudos, que la economía siga creciendo a duras penas) el panorama no se presenta nada halagüeño para el gobierno que este año concluye su gestión; para el que tome el relevo y reciba su herencia tras las elecciones de julio, y particularmente para los ciudadanos, sobre cuyas espaldas recae invariablemente el peso de las crisis.

Naturalmente, la incertidumbre que generan los comicios –cuyo periodo de precampañas se caracteriza hasta ahora más por la descalificación y la opacidad que por la abundancia de propuestas– juega un papel relevante en las poco alentadoras previsiones de la economía. El camino para impedir que éstas se cumplan cabalmente tiene dos vertientes: una es atender puntualmente los indicadores que dan cuenta de la economía y las finanzas, y el otro bregar porque las campañas políticas propiamente dichas mejoren el tono de la discusión y con ello, tal vez, las expectativas ciudadanas.