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Abel Barrera Hernández*

La nueva Ley de Seguridad Interior (LSI) permite a los militares hacer uso de la fuerza para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según su artículo 4, lo cual por vía de los hechos se transforma en una fuerza de contención contra el movimiento social. En Guerrero, el Ejército ha sido utilizado para socavar la organización comunitaria y destruir todo indicio de subversión; tuvo licencia para matar, desaparecer y reprimir a la población civil. Los generales en Guerrero han sido fieles aliados de los caciques, quienes han gobernado nuestro estado con grupos de pistoleros graduados por sus atrocidades como policías y comandantes. La ley del revólver y del uso letal de la fuerza por parte del Ejército y las corporaciones policiales son las que hoy nos han ubicado como el estado más violento del país.

El 13 de junio de 1994 en la comunidad de El Escorpión, municipio de Atoyac, 200 soldados catearon las casas de los pobladores a quienes señalaban como miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Tres campesinos fueron detenidos durante varias horas e interrogados sobre los nombres de personas que poseían cuernos de chivo. No encontraron nada más que un rifle de diábolos. Con la nueva LSI se legalizarían operativos como los ocurridos en El Escorpión porque, de acuerdo con su artículo 6, las fuerzas armadas podrán realizar acciones preventivas de seguridad pública sin necesidad de que hagan una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, dejando a la población en un mayor estado de indefensión. Cualquier persona puede ser sospechosa.

Las implicaciones de este artículo también se observan en el caso del joven Bonfilio Rubio Villegas. El 20 de junio de 2009 salió de Tlapa, Guerrero, con la ilusión de cruzar la frontera y trabajar en Nueva York. El Ejército paró el autobús y bajó a todos los pasajeros; retuvo a un joven porque portaba botas exclusivas del Ejército. El reclamo del operador por esta acción arbitraria puso en alerta a los elementos castrenses. El arranque intempestivo del autobús fue motivo suficiente para que dispararan contra los pasajeros. Una de las balas acabó con la vida de Bonfilio. Los militares envalentonados siguieron al autobús y, al alcanzarlo, detuvieron al chofer y de nueva cuenta bajaron a todos los pasajeros. En lugar de prestar auxilio a Bonfilio, bajaron con dos paquetes que supuestamente contenían droga. Hasta la fecha no hay ningún militar detenido y las mismas autoridades civiles se supeditaron a la investigación realizada por la Procuraduría de Justicia Militar.

El artículo 16 de la LSI viola el principio de legalidad porque permite al Ejecutivo ordenar acciones inmediatas en los casos que representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno sin necesidad de emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. En nuestra entidad, las órdenes emitidas al Ejército por el ex presidente Luis Echeverría para capturar vivo o muerto al profesor Lucio Cabañas Barrientos fueron la causa de muchas atrocidades porque, de facto, se suspendieron garantías y el Ejército se erigió como una fuerza incontrolable para arremeter contra la población civil. La masacre de El Charco en 1998 nos rememora la acción letal de los militares contra indígenas que se encontraban descansando en la escuela primaria Caritino Maldonado. Las balas y las bombas, y los gritos de ¡salgan, perros! de los militares fueron una declaración de muerte.

El 7 de junio de 2015, en plena jornada electoral, ante el incendio de una camioneta del INE, la policía federal apostada en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Tlapa detuvo a siete personas, que se encontraban cerca de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Para los policías se trataba de personas sospechosas y, por esa razón, las detuvo y las trasladó al batallón para llevárselas en un helicóptero de la Marina al puerto de Acapulco. Las y los vecinos de la colonia Tepeyac se organizaron y retuvieron a varios elementos de la policía federal, quienes se llevaban una camioneta de la CETEG. Decidieron encerrarlos en una capilla para exigir el regreso de las personas detenidas. En un operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército, arremetieron contra la población civil y ejecutaron al estudiante Antonio Vivar Díaz. A más de 29 meses la PGR mantiene la investigación estancada. Con el artículo 8 de la LSI, se abre la posibilidad de que las protestas sociales en el marco de los procesos electorales, el Ejército determine que se trata de acciones radicales que representan una amenaza a la seguridad pública. Los artículos 14 y 15 dejan en la indeterminación las zonas geográficas y la temporalidad de las acciones militares.

Tomando como referencia la sentencia de la CIDH en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú de 2012, las fuerzas armadas no son aptas para las labores de seguridad pública. Su responsabilidad como perpetradoras de la tortura sexual cometida contra Inés y Valentina fueron catalogadas como violencia institucional castrense. Sin embargo, la LSI contraviene esta sentencia al señalar en su artículo 28 que las fuerzas armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento propios, es decir, promueve a que las implemente a su discreción.

El Ejército en Guerrero tiene una historia larga como perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Desde Arturo Acosta Chaparro, general que fungió de estratega de la guerra de contrainsurgencia y que fue acusado de narcotráfico, las fuerzas armadas han tenido el control de las corporaciones policiales. Actualmente, un general ocupa el cargo de secretario de Seguridad Pública y los resultados son sumamente alarmantes. En nuestra entidad se cometen siete asesinatos diarios y, en lo que va del año, se han registrado 2 mil 111, en un ambiente donde los actores armados se coluden con grupos de la delincuencia organizada para hacer de Guerrero un botín. Esta pesadilla es el preludio de lo que aguardaría a nuestro país con la aprobación de LSI por parte del Senado de la República.

*Antropólogo. Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Jose María Carmona

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