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Carlos Martínez García

Precandidatos y candidatos presidenciales prometen regalarnos un nuevo país en cuanto alguno de ellos llegue al poder. Compiten, hombres y mujeres que anhelan el puesto, por ganarse al electorado con ofrecimientos y dádivas simbólicas que se harán realidad, aseguran, en 2018 al instalarse en la Presidencia de la República.

En 2000, cuando terminaron largas décadas de gobiernos priístas, surgieron esperanzas en amplios sectores de la sociedad sobre cambios que trastocaran la cimentación política corporativa y antidemocrática cuidadosamente edificada por el PRI e instituciones que de su proyecto emanaron. La alternancia en el poder presidencial con Vicente Fox se quedó nada más en eso, cambio de personas en el gobierno, pero sin la construcción de un nuevo régimen que cambiara estructuralmente la herencia priísta. Los niveles de impunidad y corrupción continuaron y, en varios casos, crecieron de tal manera que golpearon la pretendida autoridad moral que decía tener el Partido Acción Nacional desde su fundación y larga lucha contra el autoritarismo del PRI.

De acuerdo con los panistas de abolengo, el de Fox no fue un gobierno conforme a las reivindicaciones históricas del panismo, se trató para ellos de un advenedizo que usó al partido y todo sería diferente al gobernar alguien auténticamente identificado con los postulados del PAN. Llegó Felipe Calderón (haiga sido como haiga sido, según su cínica confesión) y la devastación del país fue tal que quien continuaría las políticas del panismo, Josefina Vázquez Mota, constató mediante su debacle electoral en el 2012 que la población se hartó de los panistas y sus corruptelas.

La nueva generación del priísmo, encabezada por Enrique Peña Nieto, que decía haber aprendido la lección tras dos derrotas presidenciales consecutivas ha sido un rotundo fiasco. La percepción de la ciudadanía sobre los altos niveles de impunidad y corrupción no es gratuita, se la han ganado a pulso Peña y sus allegados. Los efectos de la violencia y criminalidad desatadas siguen marcando la vida cotidiana de millones de mexicanos. Los casos de corrupción al amparo del poder han sido documentados como nunca, y la impunidad es el bono de seguridad bajo el que se protegen quienes proclamaban que pertenecían a una generación distinta, renovada y que gobernaría de manera distinta al prísmo dinosáurico.

En este diciembre se están definiendo las candidaturas en las principales fuerzas políticas partidistas, que de nueva cuenta buscarán convencernos del cielo que nos aguarda de llegar a la silla presidencial alguna de ellas. La competencia de ofrecimientos desmedidos busca ganar adeptos, cautivar votantes que aseguren la victoria electoral. Ya después habrá maneras de justificar por qué no es posible dar cumplimiento cabal a lo que se ofertó como destino ineludible.

Uno de los mayores lastres del sistema partidista mexicano, que ya ha tenido alternancias en todos los niveles de gobierno (municipal, estatatal y federal), es el envilecimiento del servicio público, valerse del puesto para enriquecerse a sí mismo y a los cercanos. Cuando la regla debería ser que el servicio público tiene que ser el centro de la función gubernamental. En todas las opciones partidistas que han ejercido poder, en unas más que en otras, han tenido lugar escandalosos casos de corrupción y encubrimiento de los mismos. Es ya inaplazable romper con la cadena de corrupción que maniata al país, hay que hacerlo de manera vertical pero también horizontal.

La cultura priísta es tan fuerte que trasciende al PRI, tiene excelentes discípulos y discípulas en todos los frentes partidistas. Una forma de quebrar el corporativismo corrupto y corruptor es desde arriba, ejerciendo el poder para el bien público y social, de manera transparente y constante rendición de cuentas por parte de quien encabece el Poder Ejecutivo y su gabinete. En el presente contexto de tráfico de beneficios desde los altos puestos públicos hacerlo de manera diferente, con honradez, sería un gran avance político. La honradez no debe ser el techo, sino el piso de toda acción de gobierno.

El saneamiento vertical es imperioso, un requisito que alternancia tras alternancia le ha sido escamoteado al pueblo mexicano. Pero también está pendiente una tarea en el plano horizontal, donde se ha filtrado la cultura de corrupción e impunidad de las altas esferas. En el plano de la sociedad civil, donde millones y millones de ciudadanos interactúan cotidianamente, desafortunadamente tienen lugar vulneración de derechos en los que quien violenta las normas de convivencia es otros ciudadano(a) y, al hacerlo, contribuye a viciar el clima social.

La democracia electoral que deben garantizar las instituciones encargadas de que se cumpla estrictamente la voluntad del electorado (una meta en mucho todavía pendiente), tiene que completarse con la construcción cultural de un perfil democrático en la ciudadanía. Dicho perfil se conforma de exigir respeto a los derechos humanos y cumplimiento del Estado de las garantías reconocidas por la Constitución. También, por otra parte, y en ello hay que acrecentar el capital social, está cumplimentar las responsabilidades que cada ciudadano tiene por el hecho de ser parte de una sociedad diversa en la que el otro no puede, no debe, ser vulnerado en su persona ni patrimonio. Y si se da la vulneración tiene que haber consecuencias para el infractor. La impunidad horizontal golpea doblemente a quienes padecen el ataque.

Jose María Carmona

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