Ana María Aragonés

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) está lanzando una campaña con una petición en Change.org exigiendo políticas públicas y regulatorias que garanticen servicios telecom en condiciones de cobertura universal, como ordena la Constitución, y nos invita a etiquetar nuestras redes con el hashtag #coberturatelecom, porque estos servicios son habilitadores de derechos fundamentales, como educación, salud, seguridad, acceso a la cultura, derecho a la información.

La Amedi tiene toda la razón y como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los países de la región latinoamericana deben abordar el desafío de articular y consolidar su economía digital para avanzar en el desarrollo económico y la igualdad. Pero para que esta propuesta sea una herramienta de desarrollo e igualdad, se debe asegurar que el país ha superado aquellos factores críticos que condicionan el despliegue de la economía digital y así asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC (tecnologías de la información y comunicación).

Estos factores críticos se refieren a la necesidad de proveer al conjunto de la población y en forma extensiva y suficiente las necesidades sociales básicas de forma integral, tales como: salud, educación, abastecimiento de agua potable, políticas y programas sobre salud reproductiva, empleos decentes, superación de la pobreza extrema, etcétera. Sólo actuando sobre estos factores críticos es posible asegurar la equidad en el acceso y uso de las TIC, lo que sin duda permite alcanzar el desarrollo y la igualdad.

Si bien México ha hecho esfuerzos en algunos de los rubros relacionados con las necesidades sociales básicas, sigue rezagado en muchos de ellas, por lo que las estrategias digitales enfrentan la enorme desigualdad regional que presentan los estados. Esto implica un retraso de más de un decenio en relación con el nivel que tienen los países de la OCDE. Es decir, que si bien la difusión del Internet y la penetración de la banda ancha tiene algunos puntos de similitud con algunos países desarrollados, la brecha es todavía muy grande entre las regiones y ha generado una enorme heterogeneidad y asimetría económica y social. Por ejemplo, en México sólo 46 por ciento de los hogares tiene acceso a Internet, y éste está concentrado en los estados de mayor crecimiento económico, cuando en los países desarrollados la penetración alcanza a 80 por ciento de sus habitantes. Las profundas desigualdades en el ingreso, así como el dispar acceso a la educación y servicios públicos condicionan el patrón de acceso y uso de Internet. A estas condiciones se debe añadir que los servicios de banda ancha son más caros y de menor calidad que lo que se ofrece en los países desarrollados, y también explica el estancamiento de las tendencias que se observa en otros países.

Como señala la Cepal, en el nuevo mundo de la revolución tecnológica, hay menos espacio para la competitividad basada en ventajas tales como la dotación de recursos naturales o la mano de obra de bajo precio y calificación. Por ello es un error seguir peleando en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por cuestiones agrícolas, que sólo benefician a los granjeros estadunidenses, cuando lo que debe buscarse es la autosuficiencia alimentaria, sin importar el costo, sino que permita a los campesinos mexicanos mantener una vida digna como productores de un bien fundamental para la población. O bien seguir insistiendo en mantener las condiciones de una industria automotriz trasnacional que subordina a los trabajadores mexicanos en la cadena de valor, pues son simples ensambladores y es el centro quien se lleva todos los beneficios y se desarrolla, en tanto que México se subdesarrolla.

El gobierno que llegue al poder debe considerar imperativo producir un cambio estructural que, resueltos los factores críticos señalados apoye, por encima de cualquier otro rubro, a la generación de altas capacidades educativas, creadora de innovaciones que sean aprovechadas por una estructura productiva que así la justifique y por tanto la potencie hacia sectores más intensivos en conocimientos. El nuevo Estado nacional que emerja de la elección de 2018 debe favorecer los procesos que permita generar un ambiente económico, institucional y social dentro del cual se inicien procesos endógenos que le permitan insertarse en las actividades más dinámicas tecnológicamente y cuyo objetivo central sea el desarrollo y la igualdad de la sociedad.

Si bien el sistema global busca subordinar los espacios periféricos, también es cierto que no hay ningún determinismo que no pueda ser superado por un Estado comprometido con el cambio de rumbo.