Raúl Vera López*

Para el Estado mexicano, el enfrentamiento que hubo en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, fue un operativo para recobrar la gobernabilidad y el estado de derecho en la entidad, cuando grupos radicales que apoyaban a la CNTE agredían a la población y a los agentes federales. El Estado hablaba de permitir el libre tránsito y el paso de víveres y productos de primera necesidad por las vialidades interrumpidas por simpatizantes al magisterio. La Comisión Nacional de Seguridad inicialmente dijo que no hubo armas ni violencia; al saberse de personas muertas y heridas, tuvieron que reconocer el uso de armas de fuego.

El viernes pasado celebré una misa en Nochixtlán para pedir por quienes murieron hace más de un año y por la salud de familiares y amigos heridos. Pedimos por la paz, y la fuerza para hacer frente a lo que se opone a la justicia que necesitamos. Junto con las víctimas del brutal desalojo efectuado por la Gendarmería nacional me indigné al saber que ese día fueron 900 elementos federales los involucrados para detener un número muy inferior de campesinos pobres que se manifestaban y hacían guardias en las carreteras; que hubo francotiradores vestidos de civiles en techos de casas y en helicópteros artillados; que la mayoría de los heridos no fueron recibidos en los hospitales de la región; que la intervención estatal y federal no fue realizada para defender a la ciudad de Oaxaca, sino para abrir el paso al tráfico de armas; y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (recomendación 7VG/2017) miente al decir que los soldados respondían a la agresión de los campesinos. A lo más que llegaron los campesinos del lugar, era al uso de piedras y fuegos pirotécnicos que fabrican en la localidad.

La gran mayoría de las personas agredidas por la Gendarmería son campesinos indígenas, solidarios con la lucha del magisterio contra la tan cacareada reforma educativa. Saben bien que se trata de una escalada del gobierno federal para eliminar la educación pública en nuestro país. De la información que iba recibiendo en mi visita, me preguntaba: ¿Cuál fue la excusa para implementar un desalojo de esa magnitud?, ¿defender la reforma educativa? Porque realizar ese despliegue implicó toda una inversión. ¿A qué obedecía tal movilización? ¿Al servicio de qué intereses? El costo en vidas humanas, no solamente de los ocho muertos, que implica huérfanos, viudas, y 86 personas heridas (72 por lesiones de armas de fuego), de las cuales 70 por ciento fue obligada a cambiar sus vidas por los daños de ese día, es muy alto.

En esos días de bloqueos, la opinión de los habitantes de Oaxaca era que los mercados seguían siendo abastecidos por pequeños productores de poblados aledaños, y que se podían conseguir los alimentos que necesitaban. Ahora que estuve en Nochixtlán me enteré de que el principal mercado que se afectaba, era el del narcotráfico, pues las carreteras bloqueadas son paso importante entre Veracruz y otros estados del país, para el tráfico de armas.

El operativo en Nochixtlán tuvo motivaciones muy similares realizado en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. En él se coordinaron miembros del Ejército con policías federales, policías municipales de dos municipios y personas civiles armadas, para proteger a un grupo de narcotraficantes que producen droga en la Sierra de Guerrero, cuyo mercado mantiene un trasiego entre Iguala y Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Esa tarde del 26 de septiembre, un autobús cargado con droga estaba en la terminal de autobuses de Iguala para salir a Chicago. Los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa fueron a secuestrar autobuses a esa terminal para transportarse los días siguientes a la celebración del 46 aniversario de la masacre del 2 de octubre. El grupo de expertos del GIEI de la CIDH dejó claro que los estudiantes no reconocieron lo que el autobús guardaba en su interior.

Las consecuencias de lo que pasó con los alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y otros tres civiles asesinados esa noche, es parte de la protección que los narcos reciben de todos los niveles de gobierno en México. Ambos eventos, Nochixtlán y Ayotzinapa, manifiestan que en el diseño de gobernanza del Estado mexicano existe una constante: la organización como un Estado terrorista, que imprime huellas de terror a largo plazo que permanecen en la mente y el corazón del pueblo. Se trata de propiciar la violencia extrema como estrategia política permanente de control de población.