Asa Cristina Laurell

Desde hace una década se gesta en Estados Unidos una crisis muy grave de mortalidad por sobredosis de narcóticos, relacionada con una alta prescripción legal de potentes analgésicos opiáceos. La autoridades sanitarias de ese país calculan que en 2016 se produjeron 64 mil 70 muertes por esta causa, con un incremento de 21 por ciento respecto del año anterior. Esto significa que esos fallecimientos son superiores a los provocados por armas, accidentes de automóviles, homicidios y suicidios. La historia de esta crisis tiene elementos ilustrativos de la manipulación política de esta tragedia, por un lado, y la ausencia de escrúpulos de las farmacéuticas y la falta de ética de muchos médicos, por el otro.

A finales de octubre, Trump declaró emergencia de salud pública al respecto, con mucha sensiblería y gran cobertura de medios, pero al clasificarla como salud pública y no como emergencia nacional logró que no haya nuevos fondos para actuar hasta que el Congreso los asigne expresamente. ¡Los fondos disponibles actualmente corresponden a 2 centavos por adicto! Trump tampoco perdió la oportunidad de sugerir que sus planes de construir el muro en la frontera con México tendrán efectos positivos para frenar el flujo de heroína.

En el contexto de su declaratoria, la publicación del informe de inteligencia de la DEA (la agencia antidrogas estadunidense) de julio pasado adquiere mucha importancia. Constata que el paisaje de los narcóticos ha cambiado durante la década pasada con la epidemia de los opiáceos, incluyendo a los analgésicos de prescripción legal, fentanilo, otros opiáceos sintéticos y heroína, aunque siguen siendo importantes la metanfetamina, la cocaína y la mariguana. Subraya que los cárteles mexicanos son la amenaza criminal de drogas más importante para Estados Unidos, al ser los proveedores al mayoreo de las bandas de ese país. Los señalamientos de Trump y de la DEA alimentan la nueva narrativa sobre México y los mexicanos, que justificaría una intervención más directa e incluso militar; advierte también que el consumo de cocaína se está recuperando como resultado del incremento de la producción en Colombia, lo que que revela el fracaso del Plan Colombia, o sea, de la guerra contra las drogas, así como la pauta del plan Mérida con Felipe Calderón.

La epidemia de opiáceos está directamente relacionada con la industria farmacéutica y su intensa campaña comercializadora de potentes analgésicos opiáceos de prescripción legal. Ya en 2009 un artículo en el American Journal of Public Health mostró esta relación y alertó sobre la agresiva maniobra comercial de OxyCotin, medicamento de oxicodona de liberación prolongada, entre los médicos, por conducto de representantes de la compañía Purdue, la cual aumentó sus ventas de 48 millones a 1.1 mil millones de dólares en cuatro años. Sugiere, además, que la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés) podría intervenir para detener este antiético negocio.

A pesar de la oportuna alerta de los especialistas, nada serio se ha hecho para restringir la comercialización. Un caso sonado en Estados Unidos fue la aprobación unánime de una ley que limitó las posibilidades de la DEA de restringir la distribución de estos opiáceos. The Washington Post hizo una investigación al respecto y demostró la gran influencia de la presión de las farmacéuticas, la más importante contribuyente en las campañas políticas, en la redacción de la ley. Incluso, encontró que el primer borrador fue redactado por un ex empleado de la DEA que se convirtió en cabildero de esta industria. Pese a abundantes evidencias de que los adictos a opiáceos legales tienden a pasar al consumo de heroína, no se ha hecho nada; tampoco se han aprobado programas públicos de terapia de sustitución para ellos.

Es importante recordar que el procurador de Estados Unidos, Jeff Sessions, instruyó en mayo a los fiscales federales buscar las penas más altas para los delitos relacionados con drogas. Es el regreso a una política doméstica de “guerra contra el narco” que llevó a ese país a tener el número de presos más alto del mundo y que ha probado ser totalmente inútil para resolver el problema. Desde luego, ni Trump, ni Sessions quieren indagar en las causas del enorme mercado interno de drogas, cuestión negada, no obstante que la muerte por sobredosis es hoy más común entre la base de votantes de Trump: hombres blancos en edad productiva con bajo nivel educativo y frecuentemente desempleados.

Las soluciones represivas no resolverán el problema en Estados Unidos ni en México. La derecha, particularmente la ultraderecha, usa este camino porque no puede admitir que el fondo del problema es la exclusión social estructural y la desesperación creadas por su modelo económico.