Ayer un periódico local de Chihuahua divulgó una filtración procedente de la fiscalía general de esa entidad según la cual se ha avanzado en la investigación en torno al asesinato de Miroslava Breach –corresponsal de La Jornada y colaboradora de Norte, de Ciudad Juárez–, perpetrado hace casi siete meses en la capital chihuahuense, según esta información habría sido obra de integrantes de la organización delictiva Gente Nueva, presunto brazo armado del cártel de Sinaloa en el municipio de Chínipas. La versión, supuestamente basada en la revisión de cientos de horas de videograbaciones, ofrece un relato rebuscado y poco verosímil en el que se identifica a todos los pretendidos participantes en el crimen, salvo al autor material de los disparos que acabaron con la vida de la comunicadora.

Lejos de disipar las dudas que pesan sobre la muerte de nuestra compañera, la información referida las multiplica, por sus inconsistencias, y obliga a preguntarse si no se trata de un intento a trasmano de descartar líneas de investigación acerca de la posible gestación del asesinato en círculos político-empresariales con intereses extractivos y terrritoriales en Chihuahua. Asimismo, en lugar de presentar una imagen de eficacia de las autoridades encargadas del esclarecimiento y la procuración de justicia, la versión filtrada ayer exhibe la ineficacia y la falta de profesionalismo de la fiscalía y del gobierno estatales, que ofrecieron identificar y capturar a los responsables de la muerte de Miroslava en cuestión de días y que, hasta la fecha, 204 días después, no han sido capaces de presentar a la opinión pública una versión convincente y rigurosa, y mucho menos cumplir con las promesas mencionadas.

Así pues, la administración que encabeza Javier Corral Jurado y la fiscalía de la que es titular César Augusto Peniche Espejel siguen en deuda con la memoria de la víctima, con sus familiares y con la sociedad en general, y cada día que pasa sin que se resuelva el crimen del 23 de marzo, esa deuda se incrementa en forma paralela al escepticismo social hacia las autoridades. Debe señalarse, además, que la falta de un resultado concreto y creíble en la pesquisa de esa muerte aún impune incrementa los riesgos que corren los informadores en Chihuahua y por extensión en todo el país.

El día que la Fiscalía General del Estado tenga conclusiones firmes y sólidas sobre el asesinato de nuestra corresponsal en Chihuahua, deberá informarlo de frente ante la opinión pública, y no en la forma de una filtración elusiva e indemostrable. Por lo pronto, la versión propalada ayer no merece crédito alguno. El asesinato de Miroslava no ha sido esclarecido, la procuración de justicia continúa pendiente y el tiempo sigue corriendo.