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La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dieron a conocer ayer un informe en el que se establece que en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca se incurrió en irregularidades en licitación, asignación de contratos, realización y liquidación de la obra por un monto de mil 34 millones de pesos.

Las principales irregularidades detectadas fueron los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos otorgados sin comprobación documental, pagos en exceso, inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con ella, así como incorrecta supervisión de la obra y de la coordinación del proyecto.

La auditoría encontró también deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados, falta en la elaboración de finiquito de contratos, además de omisión en las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93+857; es decir, en el tramo en el que el 12 de julio anterior se abrió un socavón en el que murieron dos personas. En suma, el monto de las irregularidades prácticamente coincide con la diferencia entre el presupuesto inicialmente calculado (mil 45 millones de pesos) y el dinero que esa vialidad le terminó costando al erario (2 mil 213 millones); fue pésimamente realizada y con lo establecido por la SFP y por el órgano de control de la propia SCT resulta imposible entender la impericia y el dispendio sin el componente básico de la corrupción.

Debe considerarse que las vidas perdidas el 12 de julio no fueron las únicas que se cobró la mala ejecución del Paso Exprés. En los alrededor de dos años que duró, mas de 20 personas murieron en accidentes provocados por las señalizaciones deficientes, los desvíos mal colocados y, en general, el descuido con el que se realizó el proyecto desde su comienzo hasta que fue inaugurado cuando aún se encontraba inconcluso. Por añadidura, durante la realización de la vialidad fueron numerosas y graves las afectaciones a las viviendas aledañas: desde inundaciones hasta resquebrajamientos del terreno provocados por la construcción.

Más que poner sobre la mesa la insoslayable necesidad de fincar responsabilidades administrativas y penales a quienes corresponda, la corroboración oficial de lo que era ya una certeza social –la nula pulcritud técnica y administrativa con la que se planeó, licitó, construyó e inauguró ese libramiento en la autopista México-Acapulco– obliga a recordar que al menos desde 2014 la SCT se ha caracterizado en el presente sexenio por una opacidad irreductible y por numerosos escándalos de presunta corrupción: desde la cancelación del tren rápido México-Querétaro hasta las magnánimas condiciones otorgadas a contratistas favoritos del gobierno como OHL y Grupo Higa.

En tales circunstancias, el informe conjunto dado a conocer ayer coloca al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, en una posición indefendible y su permanencia en el gabinete resulta por demás tóxica para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en la medida en que contamina de sospecha y severo descrédito al resto del Ejecutivo federal.

Pero la auditoría constituye también un grave cuestionamiento para las dependencias encargadas de realizarla, por cuanto deja ver que ninguna de ellas fue capaz de garantizar que los contratos del Paso Exprés fueran adjudicado de manera transparente, que su ejecución se realizara conforme a los lineamientos técnicos pertinentes y que las empresas contratistas entregaran una obra bien hecha. La pregunta es inevitable: ¿dónde estaban la SFP y el Órgano Interno de Control de la SCT en los más de dos años que duró la obra?

Jose María Carmona

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