Octavio Rodríguez Araujo

La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela encierra, a mi juicio, algunas ambigüedades que están a debate en estos momentos (18 años después). Al margen de la invocación de Dios como protector de los poderes del pueblo de ese país, como se refiere en el preámbulo de dicho texto legal, el punto de partida es que el poder originario del pueblo está representado en la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que lo aprobó y que ahora, por iniciativa de Nicolás Maduro, se quiere cambiar convocando a una nueva.

En la mencionada Constitución hay una ambivalencia, por decirlo con cautela, y que no fue considerada tal en el momento en que se redactó ya que la Asamblea Nacional (Congreso) estaba en manos del oficialismo afín a Hugo Chávez. A partir de diciembre de 2015 el Congreso pasó mayoritariamente a manos de la oposición de derecha encabezada por la Mesa de la Unidad democrática (MUD). Con este cambio en la correlación de fuerzas es claro que Maduro tiene problemas para gobernar sin contrapesos en momentos de una grave crisis en todos los órdenes de la vida social y política del país.

La fórmula que ha encontrado el jefe del Estado venezolano es, aunque no se diga con claridad, descalificar y de ser posible disolver la Asamblea Nacional sustituyéndola por una Constituyente que redacte una nueva Carta Magna que, de ser posible, contenga sus nueve puntos esbozados en mayo de este año.

Algunos de estos puntos son atendibles por varias razones, como por ejemplo el segundo referido a la pertinencia de instalar un nuevo sistema económico post petrolero que permita ampliar y diversificar la inversión y no continuar con la dependencia al petróleo (cuyos precios han bajado sustancialmente en los últimos años) que es, todavía hoy, la principal fuente de ingresos en ese país a costa de otros rubros fundamentales para atender las necesidades de la población.

Algunos observadores opinan, sobre este mismo punto, que el título IV del texto constitucional vigente ya contempla esa propuesta y que lo conducente es crear mecanismos para que se respete a cabalidad. La crítica a Maduro, en este rubro que alcanza también a los últimos años de Chávez, es que los gobernantes no previeron que la renta petrolera bajaría considerablemente y que no habría recursos para atender las necesidades incluso básicas de la población. No diversificaron la economía cuando Venezuela era un país rico en ingresos, no ampliaron la planta productiva en el agro ni en la industria, sino que más bien siguieron como en los buenos tiempos en un ambiente en el que ciertos sectores cercanos al gobierno optaron por enriquecerse con base en una gran corrupción.

El resultado de esa falta de previsión es una inflación de tres dígitos (que amenaza con ser de cuatro), desabasto de medicinas y alimentos, mercado negro de divisas y de comercio, salarios de hambre semejantes a los de Cuba (30 dólares mensuales sin las prestaciones que el Estado ofrece en la isla), etcétera. En pocas palabras, mayor pobreza, hambre y desesperanza, por lo que la oposición no es sólo de quienes se identifican con las derechas sino de quienes apoyaban a Maduro hace unos años. Caos económico que no sólo ha sido provocado por los empresarios derechistas y acaparadores sino también por la impericia del gobierno y su corrupción.

Esta dramática situación, apenas esbozada en estas líneas, no la quieren aceptar los panegiristas del inepto gobierno y siempre buscan, incluso más allá de la lógica y de las evidencias, a los culpables únicos entre la derecha y las fuerzas imperiales tradicionalmente desestabilizadoras y en nada respetuosas de la soberanía de las naciones. Que éstas existan no exculpa al gobierno y su falta absoluta de previsión. Tampoco se justifica que Maduro se ampare en un artículo constitucional (el 348) para sustituir al Congreso con una Constituyente a modo y a su conveniencia.

El 348, me permito recordarlo, dice que el Presidente de la nación (entre otras instancias del país) puede tomar la iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente, pero el 347 (¿Prior in tempore, potior in iure?) señala, cito: El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Al margen de que el 347 sea anterior al 348, es claro que el segundo no se deriva directamente del primero salvo que se demuestre que el poder unipersonal de Maduro vale tanto como el del pueblo –no sólo depositario del poder constituyente originario sino titular de la soberanía. ¿Cómo se demostraría? Con un referendo, por ejemplo.

Mi lectura de este proceso, independientemente de que la derecha es la derecha y ha desestabilizado en principio y desde varios flancos a Venezuela, es que Maduro con su iniciativa lo único que quiere, en lugar de un diálogo verdadero y propositivo con la oposición, es sustituir a la Asamblea Nacional (que también tiene derecho de iniciativa para convocar a una Asamblea Constituyente) por otra nueva, en sus cálculos, afín a él y poder gobernar sin contrapesos. ¿Una especie de bonapartismo a estas alturas del siglo XXI? Y yo que pensaba que las izquierdas deben de ser más democráticas que las derechas.