LEV M. Velázquez Barriga*

El internado de Tiripetío es una de las 15 normales rurales mexicanas con esta modalidad que han sobrevivido al cierre violento o velado de más de una veintena de ellas, desde los años sesentas. Es el pilar que ha sostenido y articulado la defensa del normalismo en Michoacán; la solidaridad y el compromiso político de sus estudiantes es tan alto, que son incontables las veces en que han cobijado otros movimientos estudiantiles que luchan por el derecho a la educación pública, justamente como sucedió recientemente en Cañada Honda o meses antes, cuando apoyaron a cientos de jóvenes rechazados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que estaban siendo hostigados por el gobierno de Silvano Aureoles, al exigir un lugar en la universidad pública.

Tiripetío es la voz más crítica entre las normales michoacanas. Desde ahí se ha convocado a diversos investigadores que destacan entre las instituciones de mayor prestigio del país, a los representantes e intelectuales de la izquierda pedagógica latinoamericana, a la comunidad académica nacional de sus escuelas hermanas, urbanas y beneméritas, para debatir a conciencia la situación actual, así como los horizontes del normalismo mexicano que con la reforma educativa se quiere llevar hasta la tumba, provocando la muerte pedagógica de la profesión docente.

Contra el currículo oficial, los alumnos y los maestros mantienen vivo el espíritu original del normalismo rural, el currículo real del internado sigue contemplando los ejes: académico, deportivo, cultural, político y productivo, estos últimos sin ningún apoyo económico o institucional y bajo la autorganización del estudiantado que observa en la dimensión económica agropecuaria un vínculo con las comunidades rurales y en la formación política la continuidad del compromiso ético en favor de los sectores sociales populares.

Ciertamente, la defensa del normalismo desarrollado por los jóvenes de Tiripetío los ha orillado a escenarios de confrontación en los que exponen su integridad física, ante la constante amenaza del Estado que mantiene de manera permanente un dispositivo policiaco que ha intentado en varias ocasiones invadir el espacio físico de la normal para desalojarlos; que vigila y persigue la movilidad de los estudiantes a cualquiera de sus actividades, que realiza acciones de vandalismo para después culpar a los jóvenes y justificar su represión ante la opinión de la ciudadanía.

A falta de un proyecto oficial que fortalezca la formación inicial de los profesores, hasta hoy desconocido por la propia comunidad educativa de las escuelas normales, el Estado mexicano optó por exterminarlas. Esta guerra abierta contra ellas tiene una faceta de violencia simbólica, que alienta el desprestigio académico, el odio racial, clasista y patriarcal contra la condición humilde e indígena de sus estudiantes y aviva las posiciones ultraderechistas que claman por su cierre inmediato.

Otra de sus dimensiones es la provocación sistemática de ambientes de violencia física que aterrorizan a la sociedad, que buscan inhibir el deseo de los jóvenes por ingresar a estas escuelas o los orillan a desertar si ya forman parte de ellas. Antes de la reforma de 2013, Tiripetío tenía una demanda anual de más de mil aspirantes, en 2015 disminuyó a 400, en 2016 a 200 y en 2017, en medio del clima represivo que se vivió, prácticamente a la par de su convocatoria de nuevo ingreso, sólo llegaron 159 solicitudes. La eficiencia terminal era de 99 por ciento, pero ahora vemos deserciones desde los primeros años de la carrera, que antes eran atípicas.

El aumento al presupuesto 2017 de 2 mil 829 millones de pesos para seguridad pública en Michoacán, contrasta con las constantes retenciones de los subsidios estatales a las normales, pero dan cuenta de que el objetivo subyacente es la criminalización estudiantil y la muerte del normalismo por inanición. Precisamente el detonante del conflicto en Tiripetío fue la exigencia del pago atrasado de becas para garantizar la alimentación de los moradores del internado, cuyas condiciones sociales son precarias; el mismo Gael Solorio, joven que recibió un disparo con arma de fuego en la cara, es originario de una comunidad rural que pertenece al municipio de Turicato, región de la Tierra Caliente cuya actividad económica está asolada por el narcotráfico y no tuvo más opción que buscar superar las pocas expectativas que había en su contexto, ingresando a la normal.

Esta política de exterminio, más aguda contra la normal rural, se evidenció de nueva cuenta en la represión del 21 de junio en Michoacán. Tiene que ver con la desruralización de la escuela, de su identidad campesina e indígena, con desabastecerla de maestros y acelerar el cierre de las escuelas comunitarias (ya iniciaron en Conafe) y el desplazamiento de la población explotable a zonas de concentración que vulneran aún más las condiciones sociales de las personas y las vuelven presa fácil de la esclavitud moderna.

En este contexto, me parece necesario, que junto a la creciente defensa política de las normales, en la movilización, la denuncia pública y la observancia ciudadana, habrá que fortalecer su defensa pedagógica, hacer más visibles y más ricas las resistencias educativas que se desarrollan en escuelas como Tiripetío, porque ahí radica en gran medida la relevancia de que sigan existiendo, además reivindica la capacidad propositiva de los alumnos, de los profesores y contrarresta la propaganda de odio que impulsa el Estado.