Si se amplía la mirada a lo ocurrido el domingo pasado en los comicios estatales realizados en Coahuila, estado de México y Nayarit, así como en los municipales de Veracruz, resulta inevitable concluir que los procedimientos y los organismos electorales del país están muy lejos de la normalidad democrática.

En la primera de esas entidades el proceso podría desembocar en instancias judiciales, a raíz de la estrecha diferencia que separa a los candidatos punteros (Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional, y Guillermo Anaya, de Acción Nacional), y de que las principales fuerzas políticas, salvo el PRI, señalaron múltiples irregularidades ocurridas durante la jornada. En la entidad mexiquense crece la tensión y la inconformidad por el desaseo con que la autoridad electoral local presentó un conteo rápido técnicamente contradictorio con las tendencias que a esa hora marcaba el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y a medida que se van conociendo numerosas inconsistencias entre éste y las actas de casilla, así como actos de acarreo de ciudadanos, compra de votos e infracciones de funcionarios electorales.

Los comicios veracruzanos estuvieron marcados por los vicios tradicionales –intimidación y violencia, compra de votos, desinformación masiva–, y en Nayarit el tricolor experimentó una severa y anunciada derrota, prefigurada por los vínculos del gobernador saliente, Roberto Sandoval Castañeda, con el ex fiscal Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Si el Instituto Nacional Electoral se desentendió de los comicios estatales, los organismos públicos locales electorales exhibieron su incapacidad de poner orden en los procesos, si no es que su supeditación a los gobiernos en turno. Ello demuestra la necesidad de un rediseño de la institucionalidad vigente y obliga a poner la mirada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, por lo que puede verse, tendrá abundante trabajo en las semanas próximas. En él reside la última posibilidad de limpiar los comicios del pasado domingo y de restituir el hoy incierto sentido de la voluntad popular expresada en las urnas, pero distorsionada de antemano por prácticas clientelares inadmisibles y, posteriormente, por procedimientos de conteo que no han cubierto las expectativas de credibilidad y transparencia.

Es en este punto que cobran especial significación las palabras de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, llegada al cargo a finales del año pasado, en el sentido de que ese organismo jurisdiccional está blindado contra las presiones de actores y partidos políticos. Tal blindaje es particularmente necesario en el momento actual, cuando se requiere una impartición de justicia electoral expedita, clara y verosímil. De ello depende, en buena medida, que los procesos comiciales del futuro inmediato, y especialmente la elección presidencial prevista para el año próximo, puedan realizarse con certeza, credibilidad y transparencia, y que los procedimientos democráticos vuelvan a ser un mecanismo de resolución de conflictos y no una fuente de ellos.