José Murat

Más allá de estridencias mediáticas y descalificaciones recíprocas, tres temas dominarán la agenda ciudadana de demandas a los candidatos pesidenciales en el proceso electoral de 2018: profundizar las políticas de combate a la pobreza, abatir la corrupción y la impunidad, y elevar los índices de seguridad pública. En el orden internacional, la exigencia de bilateralidad, reciprocidad y equidad en la relación diplomática y comercial con Estados Unidos.

¿Cuál es la propuesta de futuro, moderna en su concepción y sustentada técnicamente, para encarar esos retos formidables en los distintos partidos políticos y quienes, desde plataformas independientes, aspiran a conducir el destino de la nación en un contexto de creciente incertidumbre y desazón en el mundo globalizado del siglo XXI?

El tema de las políticas sociales y su resultado en los rubros de pobreza y desigualdad ya lo abordamos en la colaboración anterior: hay avances significativos en importantes áreas de la primera vertiente, pero México está lejos aún de los parámetros de calidad de vida de las naciones avanzadas y las diferencias sociales, al igual que los desequilibrios regionales, siguen siendo abismales.

En lo relativo al combate institucional a la corrupción y la impunidad también hay mucho trecho por avanzar para dar respuesta cabal a los reclamos de una sociedad cada vez más escolarizada, crítica y escrutadora, atenta a desvíos y transgresiones a los códigos éticos y legales del servicio público, a partir de una conciencia creciente de que la soberanía reside original y esencialmente en los propios ciudadanos, quienes sólo confieren temporal y peródicamente su mandato a los goberantes.

Esa conciencia ciudadana ha puesto fin a la subcultura de la opacidad, alimentada por siglos con argumentos diversos pero con­comitantes como la razón de Estado y el derecho gubernamental a la privacidad de los datos oficiales, y nutrida también de los últimos estertores de la vieja convicción absolutista de que los ciudadanos no tenían por qué cuestionar los actos de gobierno, legado ideológico del marqués de Croix, Bando del 25 de junio de 1767: los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno.

Este espectro de ideas se tradujo históricamente en la ausencia de un sistema fiscalizador que obligara al funcionario, del rango que fuere, a develar lo que es de interés público y no interés privado de nadie, y aplicar las sanciones administrativas y penales correspondientes.

Hoy la cultura del patrimonialismo estatal de raíz virreinal, empujada por una sociedad abierta y un gobierno de pesos y contrapesos, está en retirada. No se tolera más que, bajo ninguna figura o subterfugio, los bienes públicos sean, como lo postulaba el sistema de encomiendas y mercedes reales, continuación del patrimonio privado.

Nunca como ahora, el tiempo de la tecnología digital y las re­des sociales, había crecido en el país el clamor ciudadano de transparencia, rendición de cuentas, y cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, como lo han revelado organismos acreditados como Transparencia Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Mexicano de la Competitividad; crece la percepción, y se exigen respuestas, de que se ha corroído el tejido social y se han deteriorado los valores éticos en el quehacer público: gobiernos, partidos políticos y aún entidades autónomas.

Para Transparencia Internacional, informe 2016, que mide el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas, hoy el país se encuentra en una distante posición 123 de 176 evaluados en el ranking de corrupción mundial, donde el número uno corresponde al país con mejor percepción en la materia, Dinamarca.

En los países de la OCDE, México se ubica en la última posición de la tabla por debajo de Italia y Grecia.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su estudio México: anatomía de la corrupción, 2015, citando diversas fuentes, este flagelo social y gubernamental tiene un costo de entre 9 y 10 por ciento del producto interno bruto; además, reduce la inversión hasta en 5 por ciento; las ventas de las empresas decrecen también 5 por ciento, y específicamente la piratería provoca la pérdida de 480 mil empleos al año.

Respecto de la impunidad, el estudio del IMCO-CIDE revela que sólo 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. Además de que de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, sólo siete fueron consignadas: 1.5 por ciento.

Por eso una de las reformas estructurales más demandadas por la sociedad al inicio de esta administración federal fue justamente la creación de un sistema nacional anticorrupción, sistema emanado en varios casos de iniciativas del Poder Ejecutivo y aprobado por consenso de las principales fuerzas políticas representadas en ambas cámaras legislativas; fue publicado el 17 de mayo de 2015.

El Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma constitucional en la materia y la creación o modificación de siete leyes secundarias, por primera vez coordina las políticas públicas y las acciones de las autoridades de los tres órdenes del gobierno, Federación, estados y municipios.

El sistema comprende la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, reformas al Código Penal Federal, y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Están pendientes importantes decisiones de política pública, como el nombramiento del fiscal anticorrupción, en un mecanismo que satisfaga los requisitos de autonomía y credibilidad demandados por la sociedad.

Este es el fundamento legal del combate a la corrupción y la impunidad, más las adiciones y modificaciones que sean necesarias para consolidar el sistema en la perspectiva de cada partido y su abanderado, más los candidatos independientes que hubiere, de cara al 2018. Quien mejor diagnostique y, sobre todo, quien mejor propuesta de combate a la corrupción y la impunidad presente, estará atendiendo uno de los tres principales reclamos ciudadanos y estará sumando importantes activos a su causa.