De acuerdo con cifras citadas en el informe más reciente ante la Cámara de Diputados del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, entre 2011 y 2015 las entidades federativas y los municipios del país acumularon 215 mil millones de pesos de gastos no justificados. El funcionario señaló que la impunidad genera reclamos de mayor dureza y que la percepción de que las sanciones no son oportunas o no existen alimenta la frustración social.

El dato es una muestra fehaciente de la exasperante opacidad con la que son manejados los recursos públicos en el país, y no sólo en las administraciones estatales y municipales, sino, de manera generalizada, en todos los niveles de gobierno, en los tres Poderes de la Unión y en los organismos autónomos; en suma, en todo el sector público. Pero refleja también la ausencia de mecanismos legales e institucionales de fiscalización en tiempo real, así como la falta de voluntad de la Cámara de Diputados en lo que respecta a la vigilancia de los gastos de la administración en sus distintos organismos.

Ejemplo claro de lo primero es el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, al cual se hicieron en su momento fundados y numerosos señalamientos por la discrecionalidad con la que manejaba los presupuestos y por los abundantes indicios de desvío o malversación de decenas de miles de millones de pesos. Sin embargo, no es sino tras el final del sexenio duartista que la ASF logra hacer un recuento del dinero perdido en esa entidad en los pasados seis años: 34 mil millones de pesos.

En cuanto a la resistencia del Legislativo al esclarecimiento de los destinos del erario, basta recordar que hasta ahora varios años de cuentas públicas correspondientes a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, así como de los primeros tres años de Enrique Peña Nieto, siguen sin ser dictaminadas, lo que hace imposible el esclarecimiento de gastos no justificados y la identificación e imputación de funcionarios públicos que pudieran haber perpetrado desfalcos.

Resulta incomprensible que en el reciente paquete de adiciones y reforma legales en materia de disposiciones contra la corrupción no se hayan establecido sistemas confiables y verosímiles de vigilancia del gasto en las dependencias de los tres niveles de gobierno, ni procedimientos realistas de remoción de los representantes populares que incurran en irregularidades en la administración de los recursos públicos.

Es claro que una verdadera voluntad de erradicar o al menos de minimizar la corrupción requeriría de la implantación de sistemas para vigilar en tiempo real el uso del presupuesto por los gobernantes. Seguir haciéndolo a toro pasado –como en el caso de Veraruz, cuando hace semanas que Duarte se encuentra prófugo– habla de diseños y prácticas institucionales sumamente ineficaces que, lejos de aportar transparencia y probidad a las oficinas públicas, parecen maneras específicas de encubrimiento y simulación.