La extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es un mensaje con varias significaciones y ninguna de ellas positiva. Lo más llamativo es, desde luego, el contexto en el que tuvo lugar dicha entrega: un día antes de que Barack Obama transfiriera la presidencia de ese país a Donald Trump. En la política, como en la diplomacia, fondo es forma y las circunstancias resultan tan expresivas como las decisiones.

No debe pasarse por alto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la última palabra en materia de extradiciones y que quien la encabeza, Luis Videgaray, ha ligado su carrera política a la del magnate neoyorquino que desde hoy gobierna en el vecino del norte: primero, como autor y gestor de la desatinada invitación a Trump y a su rival demócrata, Hillary Clinton, antes de la elección en la que el primero se impuso a la segunda; el repudio generalizado al recibimiento y a la manera en que se manejó la breve visita culminó con la salida de Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y después, una vez que el republicano ganó los comicios y fue declarado presidente electo, el funcionario fue colocado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que fue interpretado de manera casi unánime como un nuevo gesto obsecuente hacia Trump.

Con base en estos antecedentes, diversas voces han señalado que es inevitable ver la extradición de El Chapo como una suerte de saludo al arranque de la nueva presidencia de Estados Unidos, aunque otras, las menos, afirman que podría tratarse de una señal de cortesía a Obama en el último día de su mandato.

Sea como fuere, las decisiones encaminadas a agradar al gobierno estadunidense –al saliente o al entrante–, lejos de beneficiar los intereses nacionales, los perjudican, por cuanto pueden ser interpretadas como señales de debilidad en momentos en que se requiere de actitudes firmes de México hacia Estados Unidos.

Al margen del contexto en el que ocurrió, cabe recordar que la entrega del narcotraficante sinaloense a las instituciones de justicia del país vecino ya había sido aprobada por las autoridades del nuestro en mayo del año pasado y sólo faltaba que un tribunal desechara los recursos de amparo interpuestos por el afectado para ejecutarla. Pero esa aprobación fue una confesión casi explícita de la falta de confianza del gobierno en el sistema penitenciario nacional, así como un severo golpe a la jurisdicción de los tribunales nacionales, toda vez que El Chapo aún no había cumplido su sentencia en territorio nacional.

En suma, si la extradición mencionada es representativa del comportamiento que las autoridades piensan seguir ante el nuevo gobierno estadunidense, es inevitable concluir que a nuestro país le esperan tiempos muy malos. Sería absurdo y contraproducente sugerir que las actitudes, expresiones y acciones que Trump ha dirigido contra México fueran correspondidas con una agresividad análoga, pero la obsecuencia tampoco va a edificar una relación bilateral equilibrada. Es necesario, en cambio, actuar ante la Casa Blanca con respeto, firmeza y claridad de objetivos.