Dennis A. García
La intensa concentración de las tareas de seguridad e inteligencia en una sola secretaría genera temor e incertidumbre, indicaron expertos.
A dos días de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dé a conocer a detalle su propuesta de seguridad, Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de asuntos internacional de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que no se puede supeditar a las fuerzas armadas a los criterios policiacos.
De lo que se deja ver, hay una concentración, desproporción y una falta de equilibrio en los planteamientos de seguridad pública. Se está confundiendo seguridad pública con seguridad nacional. Las fuerzas armadas no pueden mezclarse orgánicamente con una fuerza policial, indicó.
De acuerdo con la propuesta de López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sería responsable de las labores de inteligencia y de seguridad nacional; se conformará la Guardia Nacional, integrada por policías y militares que operarán en 265 regiones en las que será dividido el país.
Al respecto, Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, explicó que es un punto sensible que le den a la Secretaría de Seguridad las facultades de dirección del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y de la inteligencia de seguridad nacional.
Se traduce en que el titular de la secretaría de seguridad será, en los hechos, quien genere las directrices para el Ejército y la Marina en el seno del consejo. Ya no se será la Secretaría de Gobernación, quien sería la entidad jerárquicamente autorizada, dijo.
Por otra parte, Ariel Ávila Martínez, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Colombia, coincidió en que el aparato de inteligencia no tendría que depender de la secretaría de seguridad; mientras en el tema de la Guardia Nacional mencionó que es buena idea, aunque hay que esperar a ver cómo será conformada.
A decir del experto colombiano, la política de seguridad de López Obrador es una continuidad de lo que se viene haciendo porque se han dado cuenta que va a ser muy complicado.
Un reto que tiene el nuevo gobierno, explicó, es la depuración de las instituciones para terminar con la corrupción y de inmediato que tome posesión, debe trabajar en disminuir los índices de homicidios, que actualmente son iguales a los de Colombia con una tasa de 24 por cada cien mil habitantes.
Dijo que en su plan de seguridad también debe estar contemplado una gran política de prevención, fortalecer el modelo de protección a periodistas, mejorar la inteligencia financiera para dar con las rutas del dinero de los cárteles y un plan llamado microgestión de la seguridad.
Agregó que, además de la amnistía, en algunos casos el sometimiento a la justicia a líderes del narcotráfico sería una buena opción, ya que, de acuerdo con el modelo estadunidense, el criminal está obligado a entregar la riqueza que generó, contar la verdad, entregar rutas y nombres de políticos involucrados, a cambio de que el Estado le dé una garantía judicial y protección de la familia.
